El arzobispado de La Plata se ha mostrado sorprendido por ciertas declaraciones y acciones abortistas del Gobierno Provincial y por eso han querido recordar que «el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento».
En un comunicado firmado por monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata y sus obispos auxiliares, monseñor Nicolás Baisi y monseñor Alberto G. Bochatey, exponen las razones por las que afirman que todos los derechos deben ser respetados, pero «causar la eliminación/muerte de la vida de un ser humano vulnerable, indefenso e inocente no es un derecho. No es una acción progresista ni acorde a la dignidad e inviolabilidad de la vida humana».
Los prelados, a través de este mensaje, invitan vivamente a las autoridades competentes a «que promuevan iniciativas a favor de la familia y la vida, a favor de los más vulnerables, a favor de soluciones a los problemas graves de la vida acordes a una antropología y ecología verdaderamente humana». Ya que, según expresan «necesitamos más educación y acompañamiento para los varones a fin que vivan responsablemente su sexualidad y logremos eliminar el abominable vicio y violencia de las violaciones. Necesitamos más educación y acompañamiento a iniciativas verdaderamente justas y respetables que tutelen a la mujer en todas las dimensiones de su vida y corporeidad».
Tal y como recuerdan en el texto, el 4 de agosto, el «Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció que acababa de crear un equipo móvil para emergencias que actuará en casos controversiales de aborto no punible, y un consultorio para asistir con medicación a las víctimas de hasta 12 semanas de gestación. El anuncio se realizó al inicio de una ronda de capacitaciones a equipos de salud (sobre todo a obstétricas y ginecólogos), que recorrerá seis universidades nacionales». Asimismo, el ministro de Salud de la provincia, Alejandro Collia, precisó que «se ponían trabas en el acceso a los servicios de salud, un derecho elemental para nuestra gestión, que es la del gobernador Daniel Scioli». Y se aclaró también que esas «trabas» están especialmente relacionadas a que si todos los médicos de un hospital provincial presentaran objeción de conciencia, es decir, si se negaran a efectuar un aborto no punible, se acudirá al equipo móvil».
Al respecto de la controversia, los obispos recuerdan que «en la decisión sobre la muerte del niño aún no nacido, además de la madre, intervienen con frecuencia otras personas». Así como la responsabilidad «implica también a los legisladores que han promovido y aprobado leyes que amparan el aborto y, en la medida en que haya dependido de ellos, los administradores de las estructuras sanitarias utilizadas para practicar abortos». Del mismo modo, alegan una responsabilidad general no menos grave que «afecta tanto a los que han favorecido la difusión de una mentalidad de permisivismo sexual y de menosprecio de la maternidad, como a quienes debieron haber asegurado —y no lo han hecho— políticas familiares y sociales válidas en apoyo de las familias, especialmente de las numerosas o con particulares dificultades económicas y educativas». Pero más allá de la responsabilidad de las personas concretas y del daño que se les provoca, el aborto es «una herida gravísima causada a la sociedad y a su cultura por quienes deberían ser sus constructores y defensores», afirman citando la Evangelium Vitae.
Por otro lado, los obispos manifiestan que nunca se puede considerar una «traba» el ejercicio del derecho democrático y humano de la objeción de conciencia. Especialmente, matizan, «cuando planteles enteros de profesionales de la salud lo ejercitan y expresan con valentía y convicción a partir de evidencias científicas, de principios y valores». Del mismo modo, afirman que nunca se puede considerar «atención a la salud» a las acciones dirigidas a eliminar la vida de un ser humano aunque aún no haya nacido.
Finalmente, toman las palabras de Juan XXIII en «Pacen in Terris» para recordar que «el derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres; más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa».
Del mismo modo, la semana pasada, el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires manifestó su «estupor» ante la decisión del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y de su ministro de Salud, Alejandro Collia, de crear este tipo de unidades móviles para realizar abortos en las localidades provinciales en las que los médicos, por objeción de conciencia, se nieguen a realizarlos.
En el comunicado que se lanzó desde el Consorcio advertían que el ministro dice «que hay que facilitar el aborto de las madres que así lo quieran y expresa, faltando gravemente a la verdad y a la realidad: ‘todos los derechos deben ser respetados’. Justamente, el fin de la unidad móvil propuesta es totalmente opuesto a ello, pues se ha creado para matar seres humanos de pocos días, semanas o meses de vida, despreciando al más elemental y primero de los derechos: “el derecho a la vida de un inocente”. Verdaderos crímenes que son revestidos de legalidad».
