Aumentan las restricciones de la libertad en Rusia

MOSCÚ, 1 febrero 2003 (ZENIT.org).- Las restricciones a la Iglesia católica en Rusia son «causa de gran sufrimiento» para Juan Pablo II. Estas palabras forman parte de su alocución del 13 de enero, dirigida al cuerpo diplomático, cuando trató las dificultades a las que tienen que hacer frente los católicos en Rusia, quienes «durante meses han visto algunos de sus pastores impedidos de volver a ellos por razones administrativas».

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El Papa pidió al gobierno ruso que tomara «decisiones concretas» para resolver la situación, decisiones que estarían «en armonía con los acuerdos internacionales suscritos por la moderna y democrática Rusia». Juan Pablo II concluyó sus francas observaciones diciendo: «Los católicos rusos esperan vivir con sus hacen sus hermanos en el resto del mundo, gozando de la misma libertad y de la misma dignidad».

Las perspectivas a corto plazo para la Iglesia no parecen buenas. De hecho, la evolución de Rusia bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin muestra un incremento de la tendencia a dejar de lado los derechos humanos y las libertades democráticas básicas.

Junto con amplias restricciones en la libertad de religión, los medios han sido progresivamente enmudecidos. El último paso, informaba el 20 de enero el Wall Street Journal, tuvo lugar con el despido del financiero americano Boris Jordan, que fue jefe ejecutivo de Gazprom-Media.

Este grupo forma parte de OAO Gazprom, el conglomerado controlado por el Estado que domina la industria de la energía en Rusia. Jordan permanecerá ahora como director general de NTV, el canal de televisión de Gazprom-Media, pero afirmaba que espera que le despidan de este puesto también.

La posición de Jordan había estado en duda desde que el presidente Putin criticó públicamente a NTV por su cobertura de la crisis de los rehenes de octubre, cuando pistoleros chevchenos retuvieron a 800 personas en un teatro de Moscú, informaba el Journal.

Además hasta hace poco NTV había sido un medio independiente. Luego, poco después de que llegara Putin al poder en el 2000, su anterior propietario, el magnate de los medios, Vladimir Gusinsky, fue detenido brevemente por cargos de fraude. En abril de 2001 la estatal Gazprom tomó el control de NTV y de otros holdings de Gusinsky.

El gobierno también ha acallado otro medio independientes, informaba The Economist el 11 de enero. Boris Berezovsky, que junto con Gusinsky está ahora exiliado, perdió sus dos cadenas de televisión, ORT y TV-6. La primera, según The Economist, es ahora «una mascota estatal», mientras que la segunda fue cerrada hace un año.

The Economist también hacía notar las numerosas leyes que restringen la libertad de prensa. Entre ellas está una prohibición a la prensa para que no haga campaña ni a favor ni en contra de los candidatos. Pero la ley no deja claro qué cae exactamente bajo la prohibición, dejando así a los medios vulnerables a la acción del gobierno si las autoridades toman a mal una cobertura. También se pueden revocar las licencias de difusión tras dos avisos oficiales. Y las incursiones del FSB (el servicio de seguridad interno) y de la policía fiscal son también formas de presión, observaba la revista.

Freedom House, en su «Annual Survey of Press Freedom 2002», publicado en diciembre, se mostró crítica con el gobierno ruso. «El Kremlin ha continuado presionando a las empresas de comunicación y a los periodistas críticos con el régimen», observaba el informe. Esto ha ocurrido «a pesar de la declaración del presidente Putin en Estados Unidos de que apoya la libertad de prensa».

Cuando Gazprom asumió el control del grupo de medios Media-MOST de Gusinsky, no sólo obtuvo el control de NTV. También cerró el periódico Sevodnya, despidió a la dirección del semanario Itogi, y asumió el control de la radio Ekho Moskvy, el último retazo independiente de Media-MOST.

Fuera de Moscú, las cosas no están mucho mejor. «En regiones periféricas», afirmaba Freedom House, «los medios de noticias son principalmente dependientes de los subsidios gubernamentales y los periodistas hacen frente a pleitos y hostigamientos físicos dirigidos a intimidar a los críticos».

Expulsados los activistas de derechos humanos
La prensa no está sola a la hora de afrontar estos duros tiempos. El New York Times informaba el 16 de enero de que las autoridades rusas rechazaron el permiso de Irene Stevenson, una activista laboral americana, para volver al país tras su visita navideña a casa. Ella ha vivido y trabajado en Rusia desde 1989.

Parece que el gobierno no está contento con la organización dirigida por Stevenson. La American Center for Labor Solidarity, que prové de programas educativos y soporte legal a los sindicatos de Rusia, había aconsejado a la unión de controladores aéreos que amenazara con hacer huelga.

Y, pocos días antes, el gobierno anunció que había terminado la labor del Peace Corps en Rusia. Ya el pasado agosto las autoridades ya habían rechazado los visados de 30 voluntarios americanos del Peace Corps. Luego, un día después de la expulsión de Stevenson, el gobierno anunció que pondría fin al mandato de la misión que trabaja bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. La misión había estado informando sobre el conflicto en Chechenia.

Otro caso reciente implicó a una ecologista británica, que llevaba a cabo una investigación en el Lago Baikal, el lago de agua dulce con más profundidad del mundo. El diario británico Guardian del 2 de enero informaba de que Jennifer Sutton May, que ha vivido en Rusia desde 1974 y es uno de los cuatro líderes de la organización Baikal Environmental Wave, recibió una visita de los oficiales locales del FSB. Se llevaron algunos ordenadores y una lista de voluntarios extranjeros y de contactos. Poco después su piso era desvalijado y su coche robado.

El Guardian afirmaba que ésta era sólo la última de muchas acciones oficiales llevadas a cabo por los servicios de seguridad rusos, en un intento de obstaculizar la labor de los ecologistas. En diciembre del 2001, Grigory Pasko, un periodista militar que había revelado los vertidos ilegales de basura nuclear hundidos por la marina, fue sentenciado a cuatro años de trabajos forzados por traición.

Problemas persistentes
Human Rights Watch, en su «World Report 2003», subraya algunos aspectos preocupantes de Rusia. El informe hacía notar las medidas tomadas para recortar las libertades de prensa, y expresaba una preocupación especial por los graves abusos de las fuerzas rusas en el largo conflicto chechén.

El ejército ruso también recibió críticas por el tratamiento dispensado a sus reclutas. «Los abusos serios son endémicos en las fuerzas armadas en Rusia, como lo han demostrado miles de quejas de reclutas enviadas a las organizaciones de madres del soldado», comentaba el informe.

Human Rights Watch también citaba la falta de derechos de los prisioneros en las cárceles rusas; la preocupación sobre la falta del debido proceso en el nuevo código criminal del país, y la violencia contra las minorías étnicas.

Amnistía Internacional también ha observado el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Rusia. La página web de la organización pregona en todo el mundo su «Campaña por la Justicia» para Rusia.

Amnistía Internacional admite que las condiciones en Rusia han mejorado mucho desde el periodo de transición comenzado en 1991. En comparación con el régimen soviético ahora hay un mayor grado de libertad.

Pero observa que «las violaciones de los derechos humanos están todavía extendidas, y las víctimas tienen pocas oportunidades de ver a los infractores llevados ante la justicia». Además, «la tortura y los malos tratos son virtualmente rutinarios en las comisarías de policía». Rusia ha ratificado, pero a menudo no los ha puesto en ejecución, tratados internacionales claves sobre derechos humanos, establece Amnistía.
Amnistía también denuncia el comportamiento de las fuerzas rusas en Chechenia. Las tropas «han sido responsables de violaciones de los derechos humanos internacionales y de la ley humanitaria, incluyendo ‘desapariciones’, ejecuciones extrajudiciales, y tortura, incluyendo la violación».

La transición de Rusia de
la dictadura comunista a la democracia moderna es todo menos fácil y no está garantizada. Razón de más para que la Iglesia y los activistas laicos continúen su labor en defensa de los derechos humanos básicos.

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ZENIT Staff

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