LONDRES, 24 noviembre 2001 (ZENIT.org).- Está aumentando la presión sobre los gobiernos para suavizar las leyes que norman el consumo de drogas. Algunos países avanzan desde hace poco en esa dirección.
En octubre, las autoridades británicas decidieron que la posesión de marihuana ya no se castigaría con arresto. Según informaciones del Times de Londres, el ministro del interior, David Blunkett, anunció que las drogas pasarían de la Clase B a la Clase C, colocándose en la misma categoría que los antidepresivos y esteroides.
Resulta improbable que se persiga a los consumidores que sean cogidos con pequeñas cantidades de marihuana, mientras que la sentencia máxima por tráfico se reducirá de 14 a 5 años. Blunkett también indicó que esperaba la aprobación del uso medicinal de la marihuana y buscaba que muchos doctores prescribieran la heroína como un camino para conducir a los adictos al sistema de cuidados sanitarios, según el Times.
Poco después del cambio legal en el Reino Unido, Portugal anunció una nueva ley que elimina las penas de cárcel por posesión o uso de pequeñas cantidades de cualquier droga ilegal. En su lugar, se enviará a los consumidores de drogas ante un plantel de expertos en asistencia, informaba el New York Times el 5 de noviembre.
Este grupo, compuesto por un psicólogo, un asistente social y un asesor legal, decidirá qué medidas tomar: tratamiento, servicios comunitarios, o multas de hasta 130 dólares.
Portugal tiene uno de los más altos niveles de consumo de drogas duras, afirmaba Vitalino Canas, jefe de policía antidroga. El gobierno estima que el país tiene entre 80 y 90.000 adictos a la heroína, cerca del 1% de la población.
España e Italia no imponen penas de cárcel a quienes son sorprendidos con drogas destinadas a uso personal. Luxemburgo ha puesto fin a las sentencias de cárcel por posesión de marihuana. Las leyes de Francia y Bélgica hacen de la prisión el último recurso para los consumidores de droga. Lo mismo ocurre en Dinamarca, Alemania y Austria.
Y en Sydney, el premier de Nueva Gales del Sur, Bob Carr, anunció que la primera sala legal de inyección de heroína en Australia había sido un éxito desde su apertura en mayo. Según el Age, diario de Melbourne del 11 de octubre, Carr afirmó que no descartaba mantener el centro tras el periodo de prueba, aunque hacía notar la necesidad de una valoración total.
Los conservadores a favor
Gran número de publicaciones ha defendido suavizar las leyes antidroga en sus artículos. The Economist publicó un estudio sobre drogas ilegales en su número del 28 de julio. En una editorial, la revista admitía que la retirada de barreras daría como resultado que las drogas se harían más accesibles y que muchas más personas experimentarían con ellas.
Sin embargo, The Economist daba dos razones a favor de la legalización de las drogas. La primera provenía de las ideas de John Stuart Mill, “quien defendía que el Estado no tiene derecho a intervenir para prevenir que los individuos hagan algo que les dañará, si no derivaba ningún daño para el resto de la sociedad”.
La segunda razón se basaba en los malos efectos de las leyes antidroga vigentes: sobre todo en las grandes sumas de dinero que el tráfico generaba para las mafias criminales y los gobiernos corruptos. Si los gobiernos toleran el alcohol y el tabaco, deberían también permitir las drogas, defendía el editorial.
En Business Week del 17 de septiembre, el premio Nobel de economía Gary S. Becker salió en defensa de la legalización de la marihuana y de las demás drogas duras. Hacía notar el alto coste de la lucha contra la droga, y que de hecho los detenidos por causa de las drogas eran actualmente más del 30% de la población penal de las prisiones.
Legalizar las drogas también “eliminaría muchos de los beneficios y de la corrupción del tráfico de drogas” y aumentaría los ingresos gubernamentales a través de los impuestos indirectos, afirmaba.
El 20 de agosto, el editor de National Review, Rich Lowry, defendía la suavización de la legislación antidroga. Desde 1996, la posición editorial de la revista ha favorecido la legalización, principalmente porque considera que la guerra contra las drogas es un fracaso. Lowry considera que tiene poco sentido encarcelar a personas que consumen marihuana, dado su relativa falta de riesgo.
Oposición
Al mismo tiempo se ha alzado un cierto número de objeciones a la facilitación del acceso a las drogas.
El 24 de octubre, The Independent hacía notar que la marihuana contiene más de 4.090 ingredientes activos, muchos de los cuales no se han estudiado plenamente. El diario británico también hacía notar que existen un montó de evidencias de que la marihuana puede “provocar fuerte ansiedad y debilidad mental, reducción del tiempo de reacción y problemas de coordinación y mucho más daño a los pulmones que los cigarrillos”.
El Dr. Claire Gerada, jefe del programa de capacitación contra el abuso de drogas del Royal College of General Practitioners’, afirmó: “Creo que está bien que no se encarcele ni criminalice a los jóvenes. Pero me gustaría que el público comprendiera que el cannabis no está exento de riesgos… Tenemos demasiadas muerte por el abuso del tabaco y el alcohol, por favor, no sigamos el mismo camino con el cannabis”.
En el Sunday Times del 28 de octubre, Melanie Phillips ponía en guardia ante el peligro de seguir el ejemplo de Holanda, que ha sufrido un 50% de incremento de adicción a la heroína durante los noventa y tiene el más alto índice de consumo de cocaína entre los 14 y los 16 años de Europa.
Llamaba también la atención sobre un estudio que mostraba que cerca del 25% de los consumidores de cannabis continuaban después con drogas duras.
Y en cuanto al modelo suizo –que da a los adictos a la heroína jeringuillas, un lugar seguro para inyectarse y, en algunos casos, incluso la misma heroína–, la revista italiana de bioética, Medicina e Morale, emitió un juicio negativo.
Los autores del artículo, Giovanni Fantacci y Michael G. Koch, afirmaban que el experimento permisivo suizo ha conducido a un aumento del consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes. Esto garantizaba, virtualmente, una gran clientela a las drogas durante muchas décadas.
Las muertes relacionadas con las drogas no han descendido con leyes liberalizadoras. De hecho, en el grupo de los que han recibido heroína, el número de muertes es más alto que en el de los adictos de otros países, que siguen una terapia dirigida a disminuir su dependencia de las drogas.
El Vaticano también ha salido en contra de las leyes liberalizadoras de las drogas. La revista española Palabra, en su número de junio recogía una conferencia del presidente del Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios, Arzobispo Javier Lozano Barragán que hacía notar que el abuso de drogas es tanto un resultado como una causa de la desintegración ética y social y que el uso de drogas ilegales está creciendo.
De hecho, es un error hablar de legalizar el consumo de drogas, porque no existe el derecho a dañarse a uno mismo o a abdicar de la propia dignidad personal, explicaba el arzobispo. Juan Pablo II se ha opuesto en numerosas ocasiones a la legalización de las drogas, hacía notar.
El verdadero problema a resolver se encuentra en la falta de valores morales y armonía interior del consumidor de drogas. Monseñor Lozano sugería tres cauces de acción a seguir: prevención por medio del fortalecimiento de los lazos sociales y familiares; una activa lucha contra el tráfico de drogas; tratamiento para los adictos que les ayude a superar su dependencia. No un programa rápido y fijo, sino más bien uno de más larga duración.
