<p>CARACAS, miércoles, 21 enero 2009 (ZENIT.org).- Cinco bombas lacrimógenas fueron lanzadas, a las 5,30 de la mañana del 19 de enero, en Caracas, contra la sede de la Nunciatura Apostólica en Venezuela.
Tras el atentado, delante de la Nunciatura se halló un panfleto de reivindicación del mismo por parte de un grupo pro gubernamental llamado «La Piedrita-23 enero», con insultos a la jerarquía local de la Iglesia Católica.
El hecho forma parte de una ola de atentados que se produce cuando falta menos de un mes para otro referéndum que plantea un tema ya resuelto en otro anterior: la reelección ilimitada del presidente Chávez. Algo a lo que los venezolanos respondieron: «no».
En su comunicado, el grupo terrorista ataca en especial al cardenal Jorge Urosa y a monseñor Ubaldo Santana, por no estar de acuerdo con la reelección indefinida del mandatario venezolano.
Al dar la noticia de lo sucedido, fuentes locales precisaron que episodios similares se verificaron también ante la vivienda del director de Radio Caracas Televisión (RCTV,) Marcelo Granier, alineada con la oposición a los planes de Chávez, y en la Universidad Central, uno de los bastiones de la protesta, como lo fue históricamente contra los dictadores Gómez o Pérez Jiménez, en la primera mitad del siglo XX.
Los estudiantes han sido protagonistas de numerosas protestas contra algunos de los cambios introducidos por el actual mandatario en orden a una concentración de poderes en su persona.
Los repetidos atentados contra la Nunciatura podrían tener que ver con la protección diplomática, tradición en todas las embajadas del mundo a un refugiado, concedida al estudiante Nixon Moreno, acusado desde hace dos años a la espera de que el gobierno Chávez le permita abandonar el país en su condición de perseguido político.
Estudiantes de las universidades Central de Venezuela, Santa María, Católica Andrés Bello, Simón Bolívar, Monteávila y Metropolitana, entre otras, no pudieron marchar hasta el Tribunal Supremo de Justicia para exigir que sea reabierto el Registro Electoral ante el referéndum del 15 de febrero, como estaba previsto, ya que efectivos de la Policía Metropolitana (PM) de Caracas reprimieron la movilización con bombas lacrimógenas, gas picante y perdigonazos, según informaba ayer el diario «El Carabobeño».
Días antes, el 17 de enero, el presidente, según el mismo diario, desde el estado Carabobo, advirtió al ministro de Interior y Justicia y al director de la PM de echarle «gas del bueno» a los estudiantes que estuvieran montando «guarimbas» (palabra usada por los estudiantes para denominar sus manifestaciones callejeras, a veces también violentas) .
El tercer atentado, en la residencia del presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, se produce después de que la emitente RCTV fuera clusurada por ordenes de Chávez hace año y medio.
Granier recordó que el del lunes es el segundo atentado del año contra su residencia, y sostuvo que tales agresiones se deben imputar «a los discursos violentos» del presidente Chávez.
El presidente de 1BC informó que el 15 de enero de 2009 presentó la denuncia, después del primer atentado, ante la Fiscalía General de la República, pero hasta ahora no ha tenido respuesta ninguna.
Hace pocos meses, el grupo violento también atentó con artefactos explosivos contra la residencia del periodista de televisión Leopoldo Castillo, la periodista radiofónica Martha Colomina, el edificio del diario El Nuevo País, del canal de televisión Globovisión y la sede del partido socialcristiano Copei.
El segundo atentado del 19 de enero tuvo lugar en la Universidad Central de Venezuela, durante una rueda de prensa del presidente de la Federación de Centros Universitarios, Ricardo Sánchez, sobre la campaña del «no es no», contra el plan de Chávez de perpetuarse en el poder, en una clara alusión a que es la segunda vez que Chávez pregunta lo mismo.
Por su parte, los obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana emitieron este martes un comunicado, expresando su «honda preocupación por el atentado» contra la Nunciatura, y «por otras manifestaciones de violencia que se han producido recientemente en nuestro país».
Dado que, en los últimos tiempos, añaden los prelados, «han ocurrido otros hechos violentos en contra de esta representación diplomática, sin que, hasta ahora, se haya dado una respuesta satisfactoria sobre los mismos, exigimos a las autoridades competentes realizar las diligencias necesarias para aclarar estos hechos y establecer responsabilidades».
Así mismo, reiteran el llamamiento del Episcopado Venezolano, en su última exhortación pastoral «Situación del país y renovación ética» (Cf. ZENIT, 14 de enero de 2009) a «erradicar el lenguaje de odio y los actos de violencia y a empeñarnos todos sin más dilación en la creación de un clima nacional de convivencia y de solidaridad (Nº 20)».
«Las autoridades nacionales -reiteran- tienen la obligación de dar ejemplo de tolerancia y de garantizar la paz ciudadana».
Por último, renuevan su apoyo al nuncio apostólico, el arzobispo Giacinto Berloco, «en su importante tarea como representante del Santo Padre ante la Iglesia y Estado venezolano».
Firman el comunicado el arzobispo Ubaldo R. Santana de Maracaibo, presidente; el arzobispo Baltazar E. Porras de Mérida, primer vicepresidente; el arzobispo de Coro Roberto Lückert, segundo vicepresidente; y el obispos auxiliar de Caracas Jesús González de Zárate, secretario general.
La sede diplomática de la Santa Sede no cuenta con ningún tipo de protección por parte de las fuerzas de orden venezolanas.
Por Nieves San Martín
