BRASILIA, 18 febrero 2002 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Brasil ha lanzado en esta Cuaresma la Campaña de la Fraternidad que este año está dedicada a proponer acciones en apoyo de los pueblos indígenas.
El lema de la campaña es «Por una Tierra sin Males» y alude al mito guaraní de una tierra prometida como una forma de reconocer la riqueza cultural de estos pueblos.
En un mensaje enviado con motivo del Miércoles de Ceniza, inicio de la Campaña, Juan Pablo II señaló que la Iglesia «permanecerá siempre al lado de los que sufren las consecuencias de la pobreza y la marginación y seguirá tendiendo su mano maternal a los pueblos indígenas».
De este modo, añade, colaborará «en la construcción de una sociedad donde todos y cada uno, creados a imagen y semejanza de Dios, vean respetados sus derechos, teniendo condiciones de vida conforme a su dignidad de hijos de Dios y hermanos en Jesucristo».
Según datos del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), ONG ligada a la Conferencia Episcopal, que preside el obispo comboniano de Balsas monseñor Franco Masserdotti, en Brasil existen hoy más de medio millón de indígenas, miembros de 225 pueblos que hablan 180 idiomas.
Aunque la situación de las personas y pueblos indígenas no es fácil, es mucho mejor que hace 30 años.
En 1972, año en que se creó el CIMI, tan sólo había 180.000 indígenas reconocidos como tales. En este tiempo, el fin de la dictadura y el surgimiento de una amplia red de movimientos ciudadanos –muchos de ellos promovidos y apoyados por la Iglesia–, el crecimiento de la población indígena y sobre todo la recuperación de su autoestima como pueblo ha propiciado el aumento de personas reconocidas como indígenas.
Los 30 años de trabajo del CIMI y otras ONG han servido para que 65 nuevos pueblos hayan reafirmado su identidad cultural indígena y para que el Gobierno haya reconocido 236 tierras indígenas. Según la Constitución de Brasil, las tierra indígenas pertenecen a la República y los pueblos indios son sus único usufructuarios.
El Gobierno tiene el deber de impedir que los numerosos recursos de esos territorios sean explotados por personas ajenas a los pueblos indígenas o sin el consentimiento de éstos. Según datos del CIMI, las 236 tierras reconocidas son menos de un tercio de las 756 que existen.
