TORONTO, 5 de julio de 2003 (ZENIT.org).- Los activistas homosexuales han logrado una gran victoria con el reciente anuncio del primer ministro canadiense, Jean Chrétien, de que su gobierno introducirá en breve la legislación que extenderá el estatus de matrimonio a las parejas del mismo sexo.
La medida tiene lugar después de que el Tribunal de Apelación de Ontario dictaminara que las leyes existentes violan la Carta de Derechos y Libertades. El tribunal confirmaba así una sentencia de un tribunal inferior que afirmaba que la ley canadiense era inconstitucional puesto que reconoce sólo los matrimonios entre sexos opuestos, informaba el 10 de junio el Globe and Mail.
La decisión de Ontario tiene lugar tras las sentencias de la Columbia Británica y Quebec que también fueron a favor de los matrimonios del mismo sexo. El 1 de mayo, el Tribunal de Apelación de la Columbia Británica dejó sin validez una sentencia del Tribunal Supremo de la provincia, que había restringido el matrimonio a los heterosexuales. Los jueces dieron al gobierno federal hasta julio del 2004 para cambiar la ley. Un tribunal de Quebec también ha respaldado los derechos matrimoniales para las parejas del mismo sexo, y ha pedido al gobierno que vuelva a examinar las leyes sobre el matrimonio.
Tras estas decisiones, un comité parlamentario comenzó una investigación sobre el tema. El proceso se vio interrumpido por la decisión de Ontario, que se hizo inmediatamente efectiva. De hecho, al día siguiente, el 11 de junio, el fiscal general de Ontario anunció que se registrarían matrimonios del mismo sexo, informó el Globe and Mail.
Días después, Chrétien afirmaba que el gobierno federal no apelaría ninguna de las sentencias de los tribunales provinciales, y prepararía la legislación para reconocer los matrimonios del mismo sexo, informó el 18 de junio el Globe and Mail.
Al día siguiente el periódico informaba de que nueve de las 10 provincias de Canadá aceptarán la ampliación del matrimonio a las parejas del mismo sexo. La que se resiste es Alberta, donde el ministro de justicia, Dave Hancock anunció que la provincia intentará utilizar una cláusula de la constitución canadiense para rechazar las licencias de matrimonio de las parejas del mismo sexo.
Campaña global
Canadá sería el tercer país, tras Holanda y Bélgica, en dar plenos derechos matrimoniales a las parejas del mismo sexo. Ya se han dado diversos grados de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo en Francia, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, observaba el 15 de junio el New York Times.
En Estados Unidos, Vermont también ha legislado el reconocimiento de las uniones del mismo sexo. Casos similares a los de Canadá están teniendo lugar ahora ante los tribunales de Nueva Jersey y Massachussets.
La presión por los matrimonios del mismo sexo está aumentando también en América Latina. A principios de junio, se introdujo a consideración del congreso de Chile la legislación para conceder status legal a las parejas del mismo sexo. En Argentina, las autoridades de Buenos Aires se aprestaron a iniciar los procesos de peticiones, para reconocer las uniones del mismo sexo, en un plazo de 60 días, informaba el periódico El Clarín el 20 de mayo. La medida sigue a una decisión tomada por las autoridades de la ciudad el pasado diciembre.
La ciudad ampliará a las uniones del mismo sexo los mismos privilegios de bienestar y civiles dados a los matrimonios, con la excepción de los derechos de herencia y adopción. (Sólo el gobierno federal podría dar a las parejas homosexuales el pleno estatus legal de matrimonio). Las autoridades de la ciudad mantendrán un registro de las uniones, que se pueden disolver por consentimiento mutuo, o por decisión unilateral de una de las partes. Buenos Aires es la primera capital de Latinoamérica en dar tal reconocimiento a las parejas del mismo sexo.
Oposición de las Iglesias
La mayoría de la Iglesias en Canadá se oponen a la decisión de extender el estatus marital a las uniones del mismo sexo. Católicos, musulmanes, hindúes y judíos ortodoxos han declarado abiertamente su deseo de que el gobierno mantenga la definición del matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, informaba el 20 de junio el National Post.
Los presbiterianos también están en contra del cambio, a pesar de que el reverendo Wayne Stretch, ministro regional para el Sínodo Presbiteriano de la Columbia Británica, ha reconocido que el tema está causando «considerable angustia dentro de nuestra iglesia».
Por parte de los Baptistas, Bill Mains, director de los ministerios de la Unión Baptista de Canadá Occidental, afirmaba: «Nuestra postura ha sido siempre ver el matrimonio como el compromiso de por vida entre un hombre y una mujer con la exclusión de todo lo demás».
Los anglicanos se hallan divididos sobre el tema, afirmaba Neale Adams, portavoz de la Iglesia Anglicana de Canadá, aunque afirmaba que ningún sacerdote de su Iglesia presidirá una ceremonia de «matrimonio» homosexual.
Los únicos grupos a favor son la Iglesia Unida de Canadá, la Iglesia Unitaria Canadiense, los budistas, y una coalición de 25 rabinos de las congregaciones reformadas judías. El debate continúa dentro del movimiento judío reformado, la segunda más importante denominación judía en Canadá.
Postura católica
Los representantes de la Iglesia católica en Canadá expresaron con presteza su consternación por la decisión de Ontario. Una carta del 10 de junio al ministro de justicia federal, Martin Cauchon, de monseñor Peter Schonenbach, secretario general de la Conferencia Episcopal Canadiense, pedía al ministro que apelara la sentencia.
«El matrimonio como compromiso público entre un hombre y una mujer tiene una profunda significación cultural, religiosa y social», escribía monseñor. «El Estado tiene un interés fundamental en esta institución social en la que muchos niños son procreados y criados y, según las últimas estadísticas, sigue siendo el ambiente más estable para crear una familia».
Tras el anuncio del gobierno federal de que legalizaría las uniones del mismo sexo, el obispo Jacques Berthelet, presidente de la conferencia episcopal, escribió una carta el 19 de junio al primer ministro Chrétien.
Monseñor Berthelet decía que estaba «profundamente preocupado y decepcionado» con la decisión de no apelar las sentencias de los tribunales de apelación de Ontario y la Columbia Británica. La redefinición del matrimonio que se introducirá en el parlamento, añadía, «significaría la devaluación del matrimonio tradicional como base de la familia y como una institución esencial para la estabilidad y equilibrio de la sociedad».
El presidente de la Conferencia Episcopal explicaba que la decisión también constituirá una discriminación contra el matrimonio heterosexual y la familia, «que son privados así de su reconocimiento social y legal como base fundamental e irremplazable de la sociedad».
Algunas organizaciones privadas también han lamentado la manera en que se ha hecho presión para que existan uniones del mismo sexo. Derek Rogusky, vicepresidente de Focus on the Family, se mostró crítico con las prisas del tribunal de Ontario por introducir inmediatamente los matrimonios del mismo sexo. Sin esperar a los resultados de la investigación parlamentaria, «nuestra judicatura no elegida se ha tomado para sí los poderes del brazo legislativo del gobierno y ha creado un edicto para que el parlamento lo haga cumplir», escribía Rogusky el 11 de junio en el Globe and Mail. En tres ocasiones en los últimos cuatro años, el parlamento ha apoyado la definición heterosexual del matrimonio.
El 18 de junio, un grupo de abogados, académicos y líderes civiles publicaban una carta abierta, en el Globe and Mail, protestando por los «intento
s de rediseñar una institución más antigua y más fundamental para la sociedad canadiense que el parlamento mismo. Mientras se intenta explicar por el respeto a la diversidad, en realidad disminuye la diversidad al homogeneizar formas muy diferentes de relaciones».
En un discurso el 20 de octubre del 2001 a los participantes en una vigilia de oración, que conmemoraba la publicación de la «Familiaris Consortio», Juan Pablo II advertía: «Si perdemos la convicción de que la familia fundada en el matrimonio no puede de ninguna manera ser equiparada con otras formas de relaciones emocionales, estaremos minando la estructura misma de la sociedad y de su fundamento jurídico».
Parece que, para los líderes canadienses, estas palabras han caído en saco roto.
