WASHINGTON, 5 junio 2001 (ZENIT.org).- En una carta dirigida al presidente George W. Bush, el grupo Ciudadanos por una Moratoria de las ejecuciones federales ha pedido que sesuspenda la aplicación de la pena de muerte hasta que el Departamento de Justicia complete un estudio sobre las supuestas desigualdades, ante la gran proporción de condenados pertenecientes a las minorías étnicas del país.
El terrorista Timothy McVeigh, condenado por el atentado en 1995 que mató a 168 personas en Oklahoma City, y Juan Raúl Garza, sentenciado por asesinato, tienen sus citas con los verdugos fijadas para este mes.
Sus ejecuciones marcarían la reanudación de la aplicación de la pena de muerte por parte del gobierno federal por primera vez desde 1963. Desde que en 1976 se restableció la pena capital en Estados Unidos, más de 700 personas han sido ejecutadas en los 38 estados que la aplican, y unas 3.000 personas están condenadas al castigo último, informa la agencia Efe.
En uno de esos casos a nivel estatal, el Tribunal Supremo de EEUU revocó ayer la sentencia de muerte impuesta a un recluso que, según sus abogados, es retrasado mental, y que fue sentenciado en Texas por el asesinato de una mujer en 1979.
El Supremo ordenó que el caso sea enviado de regreso a un tribunal federal de apelaciones para una revisión exhaustiva, pero no resolvió si es constitucional ejecutar a personas con trastornos mentales.
Los firmantes de la carta a Bush incluyen al arzobispo católico de Los Angeles, cardenal Roger Mahony, el cantante Harry Belafonte, y la religiosa Helen Prejean, autora de un libro sobre el cual se realizó la película «Pena de muerte».
El mismo grupo, que congrega a decenas de personalidades estadounidenses, había pedido sin éxito el año pasado al entonces presidente Bill Clinton que declarara una moratoria en las ejecuciones y que promoviera el estudio del Departamento de Justicia sobre las pautas regionales, sociales y étnicas de los condenados.
El informe inicial de Justicia, divulgado en septiembre pasado, mostró que 16 de las 20 personas condenadas a pena de muerte por crímenes federales, eran negros, hispanos o miembros de alguna otra minoría, y que las minorías representaban el 74 por ciento de los procesados por crímenes federales en los cinco años anteriores.
«La posición de nuestro grupo es que no debería ejecutarse alguna sentencia federal con pena de muerte hasta que se hayan completado los estudios del sistema de pena capital, y el diálogo honesto que deberá seguir a ese estudio», indica la carta enviada a Bush.
