Cáritas Española respondió a las necesidades de 4,3 millones de personas en situación de gran vulnerabilidad durante el pasado 2014. Prácticamente la mitad fueron atendidas en España y la mayoría (73 por ciento) eran ciudadanos españoles o de algún país de la UE.
Cabe destacar que el 53 por ciento de los que demandaron ayuda a esta institución de la Iglesia católica procedían de hogares en los que alguno de sus miembros está trabajando. “Es un dato muy significativo, porque demuestra una precarización del mercado laboral. Tener un empleo no parece que esté ofreciendo suficiente protección ante el impacto de la pobreza por lo que es necesario reforzar las políticas de protección social”, indicó este martes el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, durante la presentación de la memoria de actividades de esta organización.
En el acto, que tuvo lugar en la sede de Madrid, participaron el obispo de Sigüenza-Guadalajara y responsable de Cáritas en el seno de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Mons. Atilano Rodríguez, junto al presidente de la Confederación, Rafael del Río, y el citado secretario general.
Para dar respuesta a las distintas peticiones de ayuda, Cáritas Española invirtió 305,7 millones de euros durante el año pasado, un 5 por ciento más que en 2013. Además, el 73 por ciento de esos fondos procedieron de aportaciones privadas (222,8 millones) y solo el 27 por ciento restante (82,7 millones) de las diferentes administraciones públicas.
Los grandes apartados sociales a los que la entidad destinó mayor volumen de recursos fueron, por este orden, los programas de Acogida y Asistencia (80,5 millones de euros, un 16 por ciento más que en 2013), Empleo y Economía social (40,7 millones, un 13,3 por ciento más que el año anterior), Mayores (35,5 millones, que supusieron un aumento del 24,4 por ciento con respecto al 2013), Personas Sin Hogar (28,7 millones, con un incremento del 36,4 por ciento), Familia e Infancia (23 millones) y Cooperación Internacional (22 millones).
Asimismo, Cáritas realizó un esfuerzo en aquellos apartados donde viene desarrollando en los últimos años una respuesta especialmente intensa ante situaciones de gran precariedad social, como son los programas de Vivienda (al que se destinaron 6,7 millones de euros), Salud (2,9 millones) e Inmigración (4,9 millones).
Esta labor a favor de la defensa de la dignidad y los derechos de los más empobrecidos fue posible gracias al trabajo de casi 82 mil voluntarios (un 5 por ciento más que en 2013), y el apoyo de unos 4.500 empleados, según informó la organización en un comunicado.
Tras desglosar los datos más destacados, Sebastián Mora aprovechó la cita para poner sobre la mesa el documento Propuestas de Cáritas ante las Elecciones Generales, hecho público el pasado 30 de septiembre.
Estas propuestas consisten en un decálogo de medidas para “contribuir a la construcción de una sociedad cohesionada, justa y fraterna, a partir de la realidad de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a las que acompañamos”. Como indicó el secretario general de Cáritas, el documento se inspira en la llamada hecha por el papa Francisco a la Asamblea General de Cáritas Internationalis celebrada en Roma el pasado mes de mayo a ser parte de “una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”.
La organización pretende, en palabras de Sebastián Mora, “que, en el marco de una sociedad libre, abierta y democrática, se incorpore al debate político la mirada que desde las periferias de la precariedad nos propone ese documento, así como la defensa de los más pobres, y en especial los inmigrantes, una alerta sobre el mal moral que supone la corrupción y la llamada urgente a recuperar una economía basada en la ética y el bien común por encima de los intereses individuales y egoístas”.
Cáritas Española plantea –al conjunto de los representantes políticos y los agentes sociales– reformas concretas en aquellas políticas públicas más relacionadas con el acceso de las personas empobrecidas a los derechos humanos, como protección social, salud, vivienda, empleo o cooperación internacional.
