CIUDAD DE GUATEMALA, 11octubre 2002 (ZENIT.org).- «Debe hacerse justicia en el homicidio de monseñor Gerardi, porque no han matado un perro». Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, arzobispo de Ciudad de Guatemala, se refería así a la sentencia que el martes pasado anuló las condenas dictadas en primera instancia contra los presuntos responsables del homicidio de monseñor Juan José Gerardi Conedera.
Por este asesinato fueron condenados a 30 años de prisión el coronel retirado Disrael Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva y el sargento José Obdulio Villanueva, y a 20 años el ex secretario del obispo muerto, el sacerdote Mario Orantes. Los procesados han sido absueltos por la Sala Cuarta de Apelaciones de la capital guatemalteca.
En opinión del prelado, «los jueces se han comportado como Pilatos –recoge la agencia Misna –, podían confirmar la condena de los imputados y no lo han hecho para no contrariar a los militares. También podían haberles puesto en libertad, pero ni siquiera han obrado así. Se han limitado a remitir todo el asunto a otro proceso. Ahora habrá que volver a empezar todo desde el principio».
«Tenemos derecho a saber la verdad. Tanto la Iglesia como la familia de monseñor Gerardi está dispuesta a perdonar, a condición de que se haga justicia», concluye monseñor Quezada.
El obispo auxiliar de Ciudad de Guatemala y responsable de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), monseñor Mario Enrique Ríos Mont, declaró: «Seguiremos empeñándonos hasta que lleguemos a la verdad, que es todo lo que queremos».
«Respetamos el camino de la justicia, y si en el proceso había «vicios de forma» aceptamos la decisión tomada por la Sala de Apelaciones, pero queremos que el mundo y todo Guatemala sepan que no tenemos ninguna intención de ceder. No dejaremos que los culpables de la muerte de monseñor Gerardi se queden sin un nombre», continuó monseñor Ríos.
«Será una batalla larga y difícil; por otra parte estamos luchando contra algunos elementos del ejército que, se sabe, gozan de muchos privilegios», reconoció el obispo auxiliar de la capital.
«Las fuerzas armadas se lamentaban estos días de la gran atención que la prensa nacional e internacional prestaba al caso Gerardi, sosteniendo que esto podía ser una forma de presión respecto a los jueces. Creemos que los militares, con su presencia en los tribunales, ya contribuyen lo bastante como para poner bajo presión al sistema judicial de este país», observó monseñor Ríos.
«La verdad saldrá a la luz, no sabemos cuándo, pero sucederá. Lo que ha ocurrido no es una novedad; es inútil lamentarse demasiado; hay que tener constancia y continuar. Seguir adelante hasta que en este país haya un verdadero estado de derecho, que ahora se limita a las palabras y a los documentos oficiales. Una situación que antes o después cambiará por el bien de Guatemala», afirmó el responsable de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.
Precisamente, la ODHA y la Fiscalía del Ministerio Público, han hecho saber que interpondrán un amparo contra la resolución de la Sala Cuarta, que anuló la sentencia condenatoria del caso Gerardi.
El asesor jurídico de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Mario Domingo Montejo, ha declarado que, como primera acción, pedirán a la Corte Suprema de Justicia que los ampare de la decisión «ilegal» dictada por el tribunal de apelaciones. El proceso de amparo estará fundamentado en que la sala entró a valorar la prueba, facultad que no le compete.
Monseñor Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Ciudad de Guatemala y conocido defensor de los derechos humanos, fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de publicar «Guatemala, nunca más», informe que documenta más de 55.000 violaciones de los derechos humanos –la mayoría de las cuales se atribuyeron al Ejército– perpetradas durante la guerra civil (1960-1996), que concluyó con al menos 200.000 víctimas entre muertos y desparecidos.
