PARÍS, miércoles 10 de diciembre de 2008 (ZENIT.org) – En Macao (China), los católicos están preocupados por el proyecto de ley sobre seguridad nacional, según informa Eglises d’Asie (EDA), la agencia de las Misiones Extranjeras de París.
Tras su devolución a la República Popular China por parte de Portugal en 1999, la Región Administrativa Especial de Macao se beneficia, como Hong Kong, de un régimen especial según el principio «un país, dos sistemas».
Una ley fundamental garantiza el mantenimiento del sistema institucional y del modo de vida anteriores de Macao por un periodo de 50 años. Sin embargo, un reciente proyecto de ley propuesto por el actual gobierno, suscita preocupación en los círculos católicos.
El proyecto afecta al artículo 23 de la Ley fundamental. Se trata de tipificar como delito los actos perjudiciales para «la soberanía, la integridad territorial, la unidad o la seguridad nacional» de la República Popular de China, y las lista de estos actos incluye siete categorías: la traición, secesión, subversión, sedición, robo de secretos de Estado, pertenencia o contacto con grupos u organizaciones políticas en Macao o en el extranjero «que pongan en peligro la seguridad nacional».
El texto prevé penas de prisión entre uno a veinte años, dependiendo de la «gravedad del delito».
El pasado 22 de octubre, el Jefe del Ejecutivo de Macao, Edmund Ho Hau Wah, declaró que esta ley «era necesaria y venía a llenar un vacío legal derivado de la transferencia de Macao por parte de Portugal a China». El 30 de noviembre terminó el plazo de consulta popular de 40 días. El Jefe del Ejecutivo añadió que esperaba que la ley sería aprobada por el parlamento local en 2009.
El 15 de noviembre pasado, el semanario católico chino «El Observatorio de Macao», organizó un encuentro en el centro de pastoral juvenil de la diócesis para debatir el proyecto de ley. Los participantes expresaron su inquietud hacia un texto percibido como potencial limitador de las libertades.
Para Antonio Ng Kuok-cheong, católico y miembro del parlamento local, los 40 días de consulta pública previstos por el Gobierno son «notoriamente insuficientes» y deberían prolongarse. Pero sobre todo, el texto legal debería incluir una cláusula de «defensa del interés público», oponible, en ciertos casos, a las amenazas designadas como «atentatorias contra la seguridad nacional». Antonio Ng es presidente y fundador de la New Democratic Macau Association, uno de los movimientos civiles más activos de Macao.
Según Paulino Commandante, abogado y católico, el proyecto de ley peca de «imprecisión». Por ejemplo, el concepto de «secreto de Estado» no está claramente delimitado, lo que en consecuencia pone al Gobierno en posición de fuerza en su relación con los ciudadanos de Macao.
«Si el carácter delictivo de un acto se define por las autoridades después de que el acto se haya cometido, las libertades individuales están en gran peligro», sostuvo el abogado, quien mostró su preocupación de que los católicos de Macao puedan ser considerados ahora como delincuentes «simplemente por estar en contacto con las comunidades ‘clandestinas’ de la Iglesia católica en China».
Para Chio Chu-Ching, secretaria general del Centro pastoral de juvenil de la diócesis de Macao, los jóvenes, que tienen para costumbre de discutir problemas sociales en Internet, «temen que sus comentarios en foros sean vigilados y se les acuse después de infringir la ley sobre la seguridad nacional», advirtió, precisando que los jóvenes van a ver refrenada su libertad de expresión, lo que conducirá a un completo desinterés por la política.
Finalmente, sor Beatrice Leung Kit-fun, profesora de ciencias políticas en las universidades de Macao y de Hong Kong, declaró esperar que los católicos se atrevan a hacer oír su punto de vista. Tanto en Hong Kong como en Macao, el principio «un país, dos sistemas» «no puede funcionar sin una expresión libre de las opiniones, aunque sean divergentes».
[Por Anita Bourdin, traducción del francés por Inma Álvarez]
