Las nuevas normas, anunciadas el domingo pasado, buscan «proteger los intereses del Estado» y prohíben en la red noticias «que critiquen las políticas religiosas estatales, la predicación en materia religiosa o la difusión de creencias supersticiosas».
La Oficina de Información del Consejo de Estado y el ministro de Información e Industria, que han emanado las nuevas disposiciones, precisan que «el Estado prohíbe la difusión de contenidos que vayan contra la seguridad estatal y el interés público».
Fechada el año 2000, la normativa anterior quedó rápidamente desfasada con el desarrollo de Internet. La red –precisan estas oficinas– «se ha convertido en un importante canal para la difusión de noticias y tiene una profunda influencia en la vida política y social».
No se ha especificado la fecha en que la normativa entrará en vigor, añade «AsiaNews».
Aclara la agencia del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME) que ya actualmente las autoridades chinas controlan los medios y recurren a la tecnología para censurar los artículos en Internet con contenido pornográfico o de relevancia política.
De hecho, disidentes y periodistas están en la cárcel por haber difundido en la red o haber enviado por correo electrónico materia considerada «peligrosa» para el Estado.
Además de las noticias «religiosas», las nuevas leyes prohíben poner en circulación por Internet noticias relativas a otras 10 «áreas» que abarcan temas que puedan poner en peligro la seguridad del Estado, informes que inciten a la violencia étnica o la difusión de noticias que inciten a manifestaciones sociales o que inviten a reuniones y protestas públicas.
También se prohíbe asociarse con organizaciones extranjeras.
Apunta la agencia del PIME que el anuncio precede a una importante reunión del pleno del Partido Comunista fijada para octubre «y parece –según los expertos— una típica jugada de Pekín para evitar cualquier discusión y presentar un marco de unidad dentro del liderato».
Según la nueva normativa, sólo tres tipos de sujetos podrán publicar noticias, entre ellos entes ligados a los medios autorizados por los organismos públicos, que podrán tanto republicar noticias como difundir otras nuevas. Las demás asociaciones sólo podrán republicar noticias ya difundidas por los medios oficiales.
La voz de alarma que lanza la agencia del PIME ha tenido eco en otros medios, como el diario italiano «Avvenire», que –dando cuenta del «endurecimiento» por parte de Pekín de una normativa juzgada «obsoleta»– ofrece datos del «vertiginoso» incremento de la cifra de chinos que se conectan a Internet y de la frecuencia con que lo hacen.
Apunta informes del «Centro de Informaciones de Internet» de China, según el cual en 2003 los usuarios aumentaron un 48,5% respecto al año precedente, llegando a los 68 millones.
«El 56% de los internautas chinos tiene menos de 25 años, un dato que las autoridades deben haber encontrado alarmante, hasta el punto de empujar al gobierno a cerrar el año pasado todos los cibercafés situados en un radio de 200 metros de las escuelas», alerta el diario italiano.
Sus páginas se unen también al estupor de la agencia del PIME por el hecho de que el control de Pekín sobre Internet llevara a condenar a mediados de septiembre al periodista Shi Tao a 10 años de cárcel, como resultado de la información que la compañía occidental «Yahoo!» proporcionó a las autoridades chinas sobre su cliente. Shi había enviado a sitios web extranjeros noticias sobre los preparativos del gobierno para controlar posibles manifestaciones para el 4 de junio, aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen.
