Según el «New York Times» (23 enero), la ratificación de la Convención,
firmada ya por China en 1997, era un objetivo tanto de la ONU como del
Gobierno norteamericano y los grupos de derechos humanos. Al parecer,
funcionarios del Gobierno chino habrían expresado su intención de ratificar
la Convención al secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Un portavoz de Annan declaró a la agencia «Associated Press» que los
funcionarios dijeron que la Convención «podría ser ratificada en este
primer trimestre por parte del Parlamento, posiblemente en marzo». China ha
firmado ya, pero no ratificado, tanto esta Convención como la de Derechos
Civiles y Políticos. No se ha anunciado cuándo ratificará la segunda de ellas.
Naciones Unidas, China y derechos humanos
La ratificación ha sido objeto de prolongadas negociaciones entre China y
la ONU en noviembre pasado. Según informa «The Asian Wall Street Journal»
(21 noviembre), el Gobierno chino firmó un memorándum de entendimiento
sobre derechos humanos con Mary Robinson, alta comisaria de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. El acuerdo, dijo el diario, parecía ser una
versión, pasada por agua, de un borrador precedente, con objetivos más
específicos, que la señora Robinson había intentado que Pekín firmara en
marzo sin conseguirlo.
Aquella versión del documento obligaba a Pekín a participar en programas
encaminados a la promoción y protección de los derechos humanos y a la
armonización de las leyes nacionales de China con las normas
internacionales en lo que se refiere a derechos humanos. Pero en el
documento firmado estos objetivos se vieron disminuidos en gran medida.
Según informaba «France Presse» (21 noviembre), los grupos de derechos
humanos criticaron el acuerdo afirmando que adolecía de cambios
sustanciales que ofrecer a los ciudadanos chinos en cuanto al progreso en
el respeto de los derechos humanos.
«The Economist» (25 noviembre) se mostró también escéptico acerca del valor
del documento, indicando que, sólo un día después, las partes firmantes ya
expresaron desacuerdos fundamentales en público. La revista informaba que
funcionarios chinos, incluido el presidente Jiang Zemin, subrayaron que
cada país tiene su historia y cultura y debe realizar su propia
aproximación a los temas de derechos humanos. «El mundo debería tener una
variedad de colores», remachó Jiang.
Según informaba el «New York Times» (27 noviembre), la represión en China
se ha agudizado en los dos últimos años. Miles de seguidores de la secta
filosófico-espiritual «Falun Gong» han sido enviados a campos de trabajo
forzado sin juicio previo, cientos de manifestantes en favor de la
democracia han sido encarcelados y la censura del pensamiento político se
ha hecho más rígida.
De hecho, el mismo día que se anunció la ratificación del documento de
Naciones Unidas, la Unión Europea expresó su preocupación por las
violaciones de los derechos humanos en China. Según Reuters (23 enero), «La
Unión Europea se siente muy preocupada por la falta de progreso en varias
áreas (de derechos humanos)», se decía en una declaración recogida en el
espacio de Internet que mantiene la actual presidencia sueca. La toma de
posición fue aprobada por los ministros de Exteriores de la Unión en una
reunión en Bruselas el pasado lunes.
La preocupación incluía «la continua ampliación de las restricciones a la
libertad de reunión, expresión y asociación, las violaciones a la libertad
de religión y creencia, la situación de las minorías, incluyendo el Tíbet,
y el frecuente y amplio recurso a la pena de muerte».
Se intensifica el conflicto de Falung Gong
Esta semana, se dieron también nuevas protestas por parte de Falung Gong.
Según Reuters (23 enero), cinco seguidores de este grupo
filosófico-espiritual prohibido por el régimen de Pekín se prendieron fuego
en la plaza de Tiananmen el pasado martes, en un intento de suicidio de
grupo. La agencia de noticias oficial Xinhua dijo que una mujer murió a
causa de las quemaduras.
La autoinmolación ha sido un dramático cambio de táctica por parte de este
grupo, cuyo líder vive en el exilio. Hasta ahora, los adeptos habían usado
métodos pacíficos de protesta frente a la feroz represión de la que han
sido objeto. Algunos representantes del grupo fuera de China expresaron
dudas sobre si los cinco eran miembros del grupo, dado que un acto de tal
violencia estaría en contra de las enseñanzas de la secta.
Reuters indicaba que el año pasado cientos de seguidores de Falung Gong se
manifestaron en la plaza y fueron el centro de reportajes televisivos en
los que se veía a la policía golpeando a personas mayores pertenecientes a
la secta y arrastrando a las mujeres por el cabello.
La plaza de Tiananmen ha sido el escenario de las protestas casi diarias de
los adeptos de Falung Gong desde que el grupo fue prohibido en julio de
1999 como una «secta funesta». La supresión fue consecuencia de una
manifestación de más de 10.000 seguidores, el 25 de abril de 1999, ante la
sede del Partido Comunista en Pekín, solicitando el derecho a practicar sus
ejercicios de meditación y respiración. Fue la mayor manifestación en la
capital desde aquél 1989 en que los jóvenes estudiantes que pedían reformas
democráticas fueron masacrados en la misma plaza Tiananmen.
Un análisis de la situación publicado por el «Financial Times» (24 enero)
comentaba que la autoinmolación era un recuerdo de la incapacidad de las
autoridades comunistas chinas para aplastar lo que ellos llaman «secta
funesta». Las protestas siguen a pesar del hecho de que, en el último año y
medio, decenas de miles de practicantes de Falung Gong han sido detenidos,
muchos han sido obligados a «reformarse a través del trabajo» y se sospecha
que varios han sido asesinados cuando estaban arrestados.
El «Wall Street Journal» (26 diciembre) imputa al Gobierno un número aún
mayor de muertes de miembros de la secta. El diario citaba a grupos de
derechos humanos que acusaban a las autoridades de ser responsables de al
menos 77 muertes.
Iglesias destruidas
La represión contra los cristianos se ha intensificado también en los
últimos meses. El pasado 13 de diciembre, la agencia «France Presse»
informaba de que, en la provincia de Zhejiang, unos 1.200 templos e
iglesias habían sido destruidos o cerrados desde diciembre de 1999, según
el Centro de Información de Derechos Humanos y Democracia, con sede en Hong
Kong.
Y un artículo firmado por Elliot Abrams, presidente de la Comisión sobre
Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en «Los Angeles Times»
(29 diciembre), informaba de que en la provincia oriental de Zhejiang, los
funcionarios alardeaban de que habían destruido, confiscado y cerrado 450
iglesias católicas y protestantes, y templos budistas. Aunque un observador
de derechos humanos en Hong Kong elevaba el número a 3.000.
Abrams indicaba que el objetivo de estas demoliciones son comunidades de
creyentes que han actuado abiertamente durante años pero que han rechazado
registrarse oficialmente con el fin de forzarles a unirse a las
organizaciones religiosas reconocidas por el Estado. Hacer ésto significa,
entre otras cosas, entregar listas de miembros a las autoridades, y
aceptar la teología dictada por el Estado y la censura de las homilías. Los
católicos, por ejemplo, son forzados a negar la autoridad del Papa, un paso
que muchos se niegan a dar.
Así, aunque la noticia de que China ratificará una de las Convenciones de
la ONU, ya firmada, es un p
aso adelante, está por ver si ésto llevará a un
mayor respeto por los derechos humanos fundamentales. En el pasado, muchos
argumentaban que el desarrollo económico del país y la integración de China
en la comunidad internacional daría como resultado el abandono de las
restricciones impuestas a las actividades civiles y religiosas. Por el
momento, ésto no ha sucedido.
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