BOGOTÁ, 27 julio 2003 (ZENIT.org).- En el histórico acuerdo alcanzado el 15 de julio entre el gobierno colombiano y los paramilitares de las «Autodenfensas Unidas de Colombia» (AUC), la Iglesia ha sido llamada a tener «una presencia constante en este proceso como garantía de paz».
El acuerdo prevé el fin de las hostilidades, el completo desarme de unos diez mil hombres de las AUC para el 2005 y el pleno apoyo al proceso de democratización del país gracias al restablecimiento del monopolio estatal de las fuerzas de seguridad pública.
Las AUC será desmovilizadas desde finales de este año. Por su parte, el ejecutivo facilitará la reinserción en el tejido social de los ex combatientes de extrema derecha.
Los escuadrones paramilitares son organizaciones ilegales armadas que se financian con el apoyo de comerciantes, ganaderos y hacendados perseguidos por la guerrilla, a la que combaten y a la que han expulsado de varias regiones del país.
Han sido acusados de contar con el apoyo de algunos sectores de las fuerzas armadas y de cometer violaciones contra los derechos humanos en medio de conflicto armado que desde hace casi cuatro décadas oprime el país de más de 40 millones de habitantes.
Siete meses de conversaciones entre el gobierno y representantes de las AUC han sido necesarios para lograr este pacto en el que se contempla también que las tropas «paras» se reúnan en zonas previamente establecidas.
«La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes», dice el documento suscrito por los jefes «paras» Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Adolfo Paz, Vicente Castaño, «Hernán Hernández», Luis Cifuentes, Ramiro Vanoy, Francisco Tabares y «Jorge Pirata», quienes dicen representar a cerca del 90% de los grupos de autodefensas que operan en Colombia.
El acuerdo señala asimismo que las AUC confirman el compromiso de respetar el cese de hostilidades que «decretaron» en diciembre del 2002, cuando iniciaron los acercamientos con el gobierno, según el diario colombiano «El Tiempo».
Las AUC han advertido de que se perfeccionarán los mecanismos para que ese cese de hostilidades se cumpla, puesto que la tregua «para» se vio interrumpida en varias ocasiones que arriesgaron los acercamientos con el gobierno.
El documento menciona igualmente el compromiso de los comandantes del grupo irregular –algunos de ellos pedidos en extradición por Estados Unidos, acusados de tener vínculos con el narcotráfico– de respaldar la política estatal en contra del negocio de la droga.
El pacto no solo solicita que la Iglesia Católica continúe acompañando este proceso, sino que pide que la comunidad internacional lo respalde.
A pesar del gran avance que significa este acuerdo, hay que recordar que de él están ausentes cinco grandes bloques de paramilitares que están en mesas separadas o se niegan a dialogar.
