BOGOTÁ, martes, 6 febrero 2007 (ZENIT.org).- El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, respaldó los esfuerzos de «purificación de las instituciones democráticas» y reiteró la insistencia de la Iglesia Católica en que se logre un acuerdo humanitario que proteja la vida de las personas en poder de la guerrilla de las FARC.
«No podemos dejar de insistir en que se haga cuanto antes el acuerdo humanitario y que se evite poner en riesgo la vida de los secuestrados. Igualmente, es necesario que otros acuerdos humanitarios se hagan realidad para acabar con el secuestro extorsivo, con las minas antipersonal, con la agresión a la sociedad civil, con el desplazamiento y sean como una ventana que se abra a los diálogos efectivos hacia la paz con justicia social», aseguró monseñor Castro Quiroga, durante la apertura en Bogotá de la 82 Asamblea Plenaria del Episcopado.
El presidente de la CEC reiteró su invitación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «a que desistan de identificar la paz con la toma del poder por las armas y a que se planteen decididamente una forma de reinserción y de colaboración política ajena a la violencia».
Rechazó «cualquier forma de penetración ilegal y corrupción al interior del Estado». Precisó que se debe apuntar a la verdad, ya que ésta «representa una condición para curar las heridas de la violencia y restituir la dignidad de las víctimas, victimarios y sociedad en general».
Expresó su preocupación por «la proliferación de grupos de tipo mafioso que aunque pequeños son numerosos y van copando territorios y regiones de Colombia». Confió sin embargo en que la acción integral del Estado «pueda frenar este nuevo fenómeno inspirado por viejos anhelos de poder al margen de la institucionalidad».
En la apertura de la Asamblea, cuyo tema es la acción misionera de la Iglesia Católica, el prelado reiteró su respaldo «a todos los procesos que conduzcan a una Colombia reconciliada y en paz».
Destacó que Colombia «ha avanzado significativamente en la exigencia de los derechos humanos, en sensibilidad hacia las víctimas de la violencia y del conflicto armado, en la búsqueda de la verdad y en su crecimiento económico», todo lo cual se espera que se transforme «en desarrollo incluyente».
Recordó que el Papa Benedicto XVI ve en la lucha contra la pobreza y a favor de la democracia, los dos retos grandes para Colombia y el resto de Latinoamérica, por lo que invitó a quienes «han sido privilegiados con la riqueza a que sean cada vez más sensibles ante los pobres y marginados» para contribuir a crear un país más justo y equitativo.
También llamó a luchar contra el narcotráfico, al que calificó como un «pulpo de tantos brazos letales que no solo fomenta la guerra fratricida sino la degeneración de muchas personas, el crecimiento del ansia de dinero fácil, abundante y a cualquier costo y la corrupción a todos los niveles».
Igualmente destacó el Decreto 4500 de diciembre 19 de 2006, sobre la obligatoriedad de la educación religiosa escolar en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media, precisando que se iniciará con las universidades católicas un proceso de formación de docentes en esa área.
Afirmó que los católicos están llamados a retomar la acción misionera «como una realidad que está en el corazón de la pastoral y no en la periferia de la misma, a la manera de una arandela sin importancia».
Invitó a todos a «sentir nuevamente el mandato misionero», para que el influjo de Cristo llegue a más de los 2.136 millones de cristianos actuales, entre los que se cuentan 1.118 millones de católicos y entre ellos 512 millones de latinoamericanos.
