BOGOTÁ, martes, 23 septiembre 2008 (ZENIT.org).- En relación con el proyecto de ley 44 de 2008 por el cual “se reglamenta la práctica de la eutanasia, del suicidio asistido y el servicio de cuidados paliativos”, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Barranquilla, hizo público ayer 22 de septiembre un pronunciamiento en el que hace una serie de observaciones a este proyecto.
En primer lugar, afirma que “el derecho a la vida es un derecho fundamental y universal” y que “en la Constitución Política de Colombia, este derecho es inviolable (art. 11)”.
Por tanto, añade, “el hombre no tiene ningún derecho sobre su vida ni sobre la vida de los demás”.
Recuerda que, en la tradición ética del respeto a la vida, “la dignidad humana es invariable: no se disminuye a causa de la enfermedad, el sufrimiento, la malformación o la demencia”.
Más aún, como lo muestra la experiencia, afirma, “la adversidad biológica o psíquica puede ser ocasión de ulterior ennoblecimiento”.
“La muerte natural y serena es el fin deseable de toda vida humana –reconoce el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia–. Por esto, es perfectamente legítima la lucha contra el dolor y la renuncia voluntaria a recibir tratamientos inútiles, desproporcionados y demasiado costosos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia”.
Pero advierte de que “no es lícito” “interrumpir las curas normales debidas al enfermo en casos similares”.
“La Iglesia –afirma–, basándose en estos principios nacidos de la recta razón e iluminada por el Evangelio, rechaza la eutanasia cuando ésta implica la decisión de anticipar el final de una vida que la enfermedad o la vejez parecen haber convertido en insostenible, o como el acto de acabar deliberadamente la vida de un enfermo incurable para poner fin a su sufrimiento”.
“Es, por tanto, contrario a la ética y socialmente desorientador legislar sobre la supresión de las vidas humanas inocentes. Toda ley que lo autorice estará sujeta a abusos impredecibles”, subraya.
Y concluye recordando que “independientemente de que el Congreso de la República apruebe o no el proyecto en mención, consideramos propicia la oportunidad para recordar a los católicos que no todo lo que es legalmente permitido es moralmente lícito”.
