ESTRASBURGO/ROMA, 21 junio 2001 (ZENIT.org).- El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo acogen desde el jueves hasta el sábado el primer congreso mundial organizado contra la pena de muerte.
Unos veinte presidentes de Parlamentos nacionales lanzarán en esta convención un llamamiento solemne a favor de la abolición universal de la pena de muerte o, al menos, pedirán una moratoria de las ejecuciones.
El viernes tendrá lugar un encuentro religioso ecuménico, en la catedral. Una manifestación silenciosa está prevista para el sábado en las calles de Estrasburgo.
José Joaquín Martínez se está convirtiendo en el personaje símbolo del encuentro. Ha pasado tres años en un corredor de la muerte en Florida, esperando ser ajusticiado como presunto culpable de dos asesinatos en Estados Unidos. Hace dos semanas el Juzgado de Tampa de ese Estado le declaró inocente en un nuevo juicio que puso de manifiesto muchas irregularidades en la primera sentencia.
Martínez ha tenido suerte: un compañero de celda murió de cáncer hace dos años, tras haber pasado trece en espera de ser ejecutado. El año pasado fue declarado inocente, a título póstumo.
Para celebrar la excarcelación de Martínez, de nacionalidad española, el martes pasado se iluminó el Coliseo de Roma. Se trata de un gesto que tiene lugar desde hace dos años cada vez que un país adopta la abolición de la pena de muerte o cada vez que recibe la gracia un condenado a muerte.
Martínez fue enviado a la silla eléctrica en 1997 por un doble crimen del que ahora ha sido declarado inocente. El martes pasado, en un encuentro que organizó la Comunidad de San Egidio en Roma, reconoció que hubiera acabado en la silla eléctrica de no ser por la movilización popular que se dio en España a su favor y que sirvió para recaudar los 800 mil dólares que costó la apelación y el segundo juicio.
Sentado entre el público, casi escondido en las últimas filas, estaba otro superviviente de la pena capital, el campesino japonés Sakae Menda, que ha pasado 34 años de su vida en el pabellón de la muerte de un penal de su país. Actualmente otros 52 conciudadanos suyos esperarán durante años al patíbulo.
La Comunidad de San Egidio ha lanzado una campaña internacional para pedir una moratoria mundial de las ejecuciones, que recibió el apoyo solemne de Juan Pablo II durante el Jubileo del año 2000. Hasta ahora ha recogido unas tres millones y medio de firmas en 155 países. Además, está trabajando con los gobiernos europeos para volver a presentar a la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución a favor de la moratoria.
En 1976, 21 países habían abolido totalmente la pena de muerte. Hoy son 76. El último país en abolir la pena capital ha sido Chile, motivo por el que Juan Pablo II felicitó públicamente a este país el lunes pasado.
Según un informe publicado esta semana por la asociación italiana «Nadie toque a Caín», en el año 2000 fueron ejecutadas casi dos mil personas, en 18 países. Más de la mitad de estas ejecuciones tuvieron lugar en China (1.100).
Después de China, Irak fue el país que ejecutó a un mayor número de personas (cerca de 400, según las autoridades de Bagdad, aunque según la oposición serían más de 2.000), seguido de Irán (al menos 153 ejecuciones), Arabia Saudita (121, todas mediante decapitación en público), Estados Unidos (85), Afganistán (al menos 30), República Democrática del Congo (20), Pakistán (17), Liberia (14), Jordania (8), y Cuba (6).
El 25 de junio, dos días después de que finalice el congreso de Estrasburgo, está previsto que la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa pida a Estados Unidos y a Japón que apliquen una moratoria sobre las ejecuciones antes de enero de 2003, bajo pena de perder su estatuto de observador ante la organización.
La amenaza es simbólica, ya que sólo los gobiernos pueden pronunciar este tipo de sanción, aunque es conforme con las reglas de la organización, que exige ya a sus nuevos miembros un compromiso para abolir la pena de muerte.
Ninguno de los 43 estados miembros del Consejo de Europa aplica ya condenas a pena capital, que sólo Turquía y Rusia mantienen aún en su legislación.
