MADRID, 6 junio 2002 (ZENIT.org).- El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha reconocido el derecho de un Estado democrático a establecer leyes adecuadas para la disolución de un partido político, y ha denunciado la crítica «injusta y desproporcionada» de que son objeto los obispos de los vascos.
Reunido en Madrid durante más de cinco horas en sesión ordinaria este jueves, bajo la presidencia del cardenal Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal, el organismo reflexionó sobre los acontecimientos acaecidos a raíz de la publicación el 30 de mayo de una carta pastoral de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria.
El documento, que llevaba por título «Preparar la paz», afrontaba los requisitos fundamentales para establecer la paz violada por ETA (Euskadi Ta Askatasuna). En un pasaje se oponía al proyecto del Gobierno español de ilegalizar Batasuna, el Partido considerado como portavoz de las tesis del grupo terrorista.
Al final de la reunión, el Comité Ejecutivo publicó una «Nota» en la que, inspirándose en la Doctrina Social de la Iglesia, «reconoce la legitimidad que asiste al Estado democrático para regular legalmente la participación de los partidos políticos en la vida pública al servicio del bien común».
«Decidir sobre el establecimiento de determinadas condiciones legales para su constitución –aclara el comunicado, leído a los medios por el obispo Juan José Asenjo, secretario de la Conferencia Episcopal–, funcionamiento y disolución, en conformidad con los derechos humanos, es competencia y tarea de los órganos del Estado de derecho.
Ahora bien, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal continúa denunciando «la forma de ejercer la crítica, a todas luces injusta y desproporcionada, a que ha dado lugar la publicación de la referida carta pastoral».
«La libertad de información y de opinión no autoriza a ninguna instancia social a desfigurar el sentido del documento, omitiendo partes esenciales o haciéndole decir lo que realmente no dice», explica el organismo episcopal.
«Parece evidente que con esta crítica descalificadora se daña gravemente a la Iglesia, disminuyendo su credibilidad moral y limitando la libertad que le garantiza su estatuto jurídico tal como lo establecen la Constitución y los Acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede», afirman los prelados.
De hecho, recuerdan que en la carta pastoral de los obispos vascos «hay una clara, y terminante condena del terrorismo y de «todas aquellas personas o grupos que colaboran con las acciones terroristas, las encubren o las defienden», actitud que ha sido una constante en su magisterio episcopal».
«En la misma se proclama el compromiso de la Iglesia en la defensa, acompañamiento y protección de los amenazados y de las víctimas, así como su apuesta inequívoca por la eliminación del terrorismo. No es justo afirmar que en el citado documento se opta por un partido político determinado», concluyen los obispos.
