ROMA, 18 enero (ZENIT.org).- Según fuentes citadas por el diario católico Avvenire y el Servicio Jesuita a los Refugiados (JRS), el presidente Laurent-Desire Kabila murió el pasado día 16 en un atentado cuyas circunstancias no están del todo claras.
Lo que, en principio, parecía un golpe de Estado, se presenta ahora como la represalia de un grupo de militares destituidos por Kabila. Mientras tanto, la población congoleña sigue sin ser informada de lo sucedido.
El miedo domina a la población que se mantiene encerrada en sus casas, mientras por las calles sólo circulan militares y vehículos de la ONU.
Son numerosos, según el diario «Avvenire», los ministerios de Exteriores occidentales y africanos que han confirmado la noticia de la muerte. Difieren las versiones de lo acontecido.
Según el JRS, fuentes fiables dijeron que Kabila murió poco después del atentado, durante el cual recibió disparos en la espalda y una pierna, presuntamente durante una reunión con un grupo de generales que habían sido cesados en sus funciones.
El director del JRS para la región de los Grandes Lagos, Joaquin Ciervide, declaró que estas noticias habían puesto al país en estado de «shock». «No hay movimiento en la ciudad esta mañana (17 de enero) y se espera que suceda algo en las próximas 48 horas», añadió el padre Ciervide, aclarando que la comunidad jesuita de Kinshasa estaba serena, aunque no tenía noticias de Lubumbashi, donde hay un proyecto jesuita de atención a los refugiados.
La atención a los prófugos en estos momentos es también la preocupación del Programa Alimentario Mundial (PAM). Su portavoz en Roma, Francesco Luna, expresó su esperanza de que «no empeoren las ya difíciles circunstancias en las que nos vemos obligados a actuar», para atender a los dos millones de personas desplazadas por la guerra en los Grandes Lagos, que permanecen bloqueadas en la zona oriental del país militarizada.
Mientras tanto, ayer, el ministro del Interior de Kabila, su propio sobrino, anunciaba que el poder estaba en las manos del hijo de Kabila, Joseph, de 29 años, que había sido puesto por su padre al frente del Ejército y luego destituido por éste por incapacidad. Sin embargo, se hacían cada vez más insistentes las voces de que también el hijo de Kabila habría sido herido o incluso muerto en el atentado.
«Lo que da miedo no es el vacío de poder –indicaba ayer un diplomático belga al diario «Avvenire»– sino el poder mismo que ahora no tiene ni siquiera una apariencia física en Kinshasa». El futuro, según el mismo diario, es incierto y hace temer una repartición entre los países en guerra.
La situación de la Iglesia en el país es especialmente delicada. Algunos de sus miembros más relevantes han sido objeto directo de la violencia, exiliados forzosos o encarcelados por alguna de las partes en litigio.
La Secretaría de la Conferencia Episcopal congoleña informaba el pasado día 10 de enero que el obispo auxiliar de Boma, monseñor Cyprien Mbuka, había sido liberado ese mismo día, después de haber permanecido doce días en las cárceles del DEMIAP (Detención Militar por Actividades contra la Patria).
Monseñor Mbuka, detenido el pasado 28 de diciembre en la ciudad portuaria de Matadi, provincia del Bajo Congo, fue llevado a la cárcel de Kinshasa, acusado de «poseer un teléfono vía satélite sin licencia y de intenciones subversivas hacia el gobierno de Kinshasa».
En los dos últimos años, antes de monseñor Mbuka, fueron arrestados: monseñor Thèophile Kaboy, obispo de Kasongo, y dos sacerdotes misioneros, todos deportados a Kinshasa; monseñor Joseph Kesengue, obispo emérito de Molegbe, y el padre Fridolin Ambongo, superior provincial de los Capuchinos; monseñor Nestor Ngoy Katahwa, en el momento del arresto obispo de Manono y actualmente obispo de Kolwezi. Los obispos fueron acusados de «complicidad con los rebeldes», de «encubrir tráfico de armas» y de «haber favorecido la entrada de rebeldes en el país».
La liberación del obispo se producía tras un duro comunicado del cardenal Frederic Etsou, arzobispo de Kinshasa. La denuncia del purpurado, que llegó a los medios occidentales por diversos canales, no pudo ser conocida sin embargo por la población congoleña a través de los medios de comunicación del país.
Según informa la agencia Fides, recogiendo un mensaje de la asociación «Journaliste in Danger» (JED, Periodista en Peligro) de Kinshasa, el ministro Sakombi prohibió a los medios de comunicación, bajo pena de supresión, seguir y transmitir la presentación de la iniciativa artística «El Grito del Congo», de la Iglesia Católica, que iba a ser presentada por el cardenal, para contribuir al restablecimiento de la paz en el país. La iniciativa, prevista en un hotel, tuvo lugar finalmente en la catedral de Notre Dame del Congo, en Kinshasa-Gombe, ausentes los medios de
comunicación.
Las emisoras de televisión privadas del país están sometidas a reglamentaciones durísimas desde hace dos años. Ningún canal de TV puede difundir programas de carácter político sin previa autorización del Gobierno. Según una estadística de 1996, los habitantes de la República Democrática del Congo poseen 330.000 aparatos de radio y 30.000 televisores.
