LONDRES, 15 febrero 2003 (ZENIT.org).- Mientras continúa calentándose en todo el mundo el debate sobre la pena de muerte, los abolicionistas han conseguido algunas victorias en los últimos meses.
La pena capital fue abolida en los últimos territorios británicos, informó el Times de Londres el 23 de octubre. Las islas Turks y Caicos en el Caribe han conservado la pena de muerte por traición y piratería, pero el gobierno británico ha cumplido un compromiso de 1999 para quitar la pena capital en todos sus territorios de ultramar.
Antes, Turquía había eliminado la pena de muerte, cuando su parlamento aprobó una serie de reformas legales dirigidas a facilitar las negociaciones de entrada en la Unión Europea. La Unión Europea puso la abolición de la pena de muerte como condición para el ingreso de Turquía, informaba el 3 de agosto Associated Press. Los representantes votaron reemplazar la pena de muerte con la prisión de por vida sin la posibilidad de conmutación. La pena capital, sin embargo, permanece en el código en tiempo de guerra.
La pena de muerte también ha sido eliminada en Montenegro y Servia el año pasado, informaba el 19 de junio Agence France-Press. La decisión de abolir la pena de muerte en los dos estados balcánicos fue tomada para dejar abierto el camino de entrada en el Consejo de Europa. La abolición es una condición para ser miembro del consejo.
Los progresos para eliminar la pena de muerte también parecen posibles en el área de Asia Central. Radio Europa Libre/Radio Libertad observaba el 27 de enero que está en curso un vivo debate en Kazajstán siguiendo las directrices del presidente Nursultan Nazarbaev.
El presidente kazajo afirmó que el país debería considerar seriamente la posibilidad de imponer una moratoria a la pena de muerte, con vistas a abolirla totalmente algún día. En diciembre, el ministro de justicia organizó un foro público sobre el tema. El debate, llevado a cabo en el parlamento, fue difundido en directo por la televisión kazaja e incluía la participación de organizaciones no gubernamentales y otros grupos.
No hay disponibles estadísticas comprensivas sobre la pena de muerte en Kazajstán. El presidente del Tribunal Supremo de Kazajstán, Kairat Mami, afirmó en septiembre que 31 personas había sido ejecutadas hasta el momento en 2002. La agencia de noticias Interfax-Kazajstán a principios de mes citaba al servicio de prensa del tribunal que había dicho que 18 personas habían sido sentenciadas a muerte en el 2002.
En cuanto al resto de Asia Central, Turkmenistán es el único país que ha abolido plenamente la pena de muerte. En Kirguistán, el presidente Askar Akaev firmó un decreto a principios de mes extendiendo un año más una moratoria sobre la pena capital introducida por primera vez en 1998.
En Uzbekistán y Tajikistán, la pena de muerte permanece en vigor. El presidente uzbekistaní, Islam Karimov, afirmó en septiembre del 2001 que cerca de 100 personas son ejecutadas en el país cada año. El Tribunal Supremo de Tajikistán afirmó que 25 personas fueron ejecutadas en Tajikistán el año pasado.
El verdugo número 1
En el otro extremo, China todavía es la primera del mundo en ejecuciones. «La máquina judicial asesina de China» decía un titular del 21 de octubre en el Wall Street Journal. Un artículo afirmaba que se ha impuesto la pena de muerte a 15.000 personas en China cada año desde 1998 al 2001.
Esta cifra es más de cuatro veces la cifra más alta estimada por Occidente de las ejecuciones en China y se basa en el libro «La Cuarta Generación», un ensayo sobre la política del país, escrito por un miembro del partido. El código penal de China incluye 68 crímenes capitales, 28 de ellos por crímenes no violentos.
La organización de derecho humanos Amnistía Internacional ha publicado algunos comunicados de prensa en los últimos meses llamando la atención sobre la situación del país más populoso del mundo. El 6 de noviembre condenaba la ejecución de 46 personas en dos días.
Las ejecuciones siguieron las llamadas de las autoridades a una intensificación de la «durísima» campaña anticrímenes. Desde el lanzamiento de la campaña en abril del 2001, ha habido un dramático aumento de las personas ejecutadas. Amnistía Internacional tiene información de 4.015 sentencias de muerte y 2.468 ejecuciones en China durante el año 2001. La organización afirmaba que la actual cifra es en realidad mucho más alta, porque las autoridades chinas no revelan el número total de ejecuciones llevadas a cabo.
El 10 de enero, Amnistía Internacional condenó la ejecución de siete personas en la ciudad sureña de Sanya. «El alto número de ejecuciones y la forma en que se está aplicando la pena de muerte en China muestran una espantosa falta de respeto por la vida humana», afirmaba la organización.
Luego, el 27 de enero protestó contra la ejecución de un tibetano, Lobsang Dhondup, que siguió a lo que afirman fue un juicio injusto. Lo mantuvieron, según se informa, incomunicado durante varios meses, y no se le dio una representación legal adecuada. Además, el juicio se llevó a cabo en secreto.
Protestas por doquier
Japón también ha sido criticado por su aplicación de la pena de muerte. Cada año, por primavera, el país ejecuta a cinco o seis presos – en casi total secreto, informaba el New York Times el pasado 30 de junio.
A los prisioneros se les informa de su ejecución sólo unos momentos antes de ser colgados, y sólo se les da el tiempo suficiente para limpiar sus celdas, escribir una última carta y recibir los últimos ritos. Sólo después se les avisa a los familiares de la ejecución. El ministro de justicia rehúsa dar los nombres de los colgados, excepto a sus familiares, y tampoco confirma el número de prisioneros en el corredor de la muerte.
El Japan Times, en un artículo del 1 de febrero, contaba que había 57 personas en el corredor de la muerte. El más anciano de ellos, Tsuneki Tomiyama, tiene 85 años. Fue sentenciado a muerte en 1963 y en diciembre pasado se introdujo una petición de clemencia.
Otros países del Este de Asia están replanteándose la pena muerte. Por primera vez, Taiwán tiene un gobierno que dice que quiere poner fin a las ejecuciones, informaba el Financial Times el 31 de agosto. Y en Corea del Sur no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1998. Taiwán ha llevado a cabo cerca de 300 ejecuciones en los últimos diez años, comparados con las 75 de Corea del Sur y cerca de 40 de Japón, informaba el periódico de negocios.
En Filipinas, el Secretario de Asuntos Exteriores, Blas Ople, dijo a los embajadores de la Unión Europea que el país ha suspendido las ejecuciones mientras el Congreso «esté debatiendo todavía los méritos de la pena de muerte», informó Reuters el 1 de octubre.
Mientras tanto, en Nigeria, el caso que implica a Amina Lawal, sentenciada a ser apedreada hasta la muerte por adulterio, continúa atrayendo la atención. Su última apelación comenzará el 25 de marzo, informó Agence France-Press el 24 de enero.
El funcionario superior de ley islámica del Estado de Katsina, Grand Khadi Aminu Ibrahim, rechazó una petición de la defensa de seis meses para preparar el caso, un retraso que habría llevado la controversia judicial más allá de las elecciones generales de este abril. En agosto, fue rechazada la primera apelación de Lawal, forzando a sus defensores a apelar al Tribunal supremo islámico del Estado.
El Ministro de Estado nigeriano para asuntos extranjeros, Dubem Onyia, había prometido que el gobierno tomaría medidas para evitar que los tribunales islámicos llevaran a cabo cualquier ejecución por lapidación, informó el 10 de noviembre Associated Press. Los tribunales islámicos de Nigeria también han sentenciado a muerte a otras personas recientemente, incluyendo a un par de amantes y a un homb
re condenado por violación.
La pena de muerte puede tener todavía una larga vida.
