SAN JOSÉ, martes, 9 marzo 2010 (ZENIT.org).- Los obispos de Costa Rica han hecho público, con fecha 5 de marzo, al término de su Asamblea, un mensaje, titulado “Vayan por el mundo y anuncien a todos la Buena Noticia”. En el mismo expresan su preocupación por la anulación de su facultad de nombrar profesores de religión.
En su mensaje, los pastores costarricenses expresan “sus preocupaciones, esperanzas y orientaciones”, con motivo de la resolución de la Sala Constitucional, que anuló la facultad concedida a los obispos por el Reglamento de la Ley de Carrera Docente, de discernir sobre la idoneidad para el otorgamiento de la Missio Canónica o Envío Apostólico a las y los educadores de Educación Religiosa como agentes de pastoral, para la enseñanza de esta asignatura en los centros educativos públicos, según se contempla en los planes de estudios del sistema educativo costarricense.
Los obispos afirman respetar la decisión tomada por la Sala Constitucional, pero a la vez, señalan, “nos preocupan, profundamente la inseguridad y confusión, que la misma ha causado en educadoras, educadores y estudiantes de educación religiosa, padres y madres de familia”.
En us mensaje, los obispos distinguen entre educación en general y la asignatura de Educación Religiosa que “se ocupa de la comprensión del mundo cultural desde la visión cristiana, sin la cual, el patrimonio cultural y la identidad costarricense, se verían seriamente empobrecidos”.
El fundamento de la Educación Religiosa, afirman, “se encuentra en el derecho inalienable que tienen los padres de familia católicos, de educar a sus hijos según su fe y convicciones. Es un derecho humano que debe respetarse, y es deber del Estado costarricense hacer el mayor esfuerzo para que los padres encuentren esta educación en los centros docentes públicos”.
Recuerdan el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Puntualizando aun más, recuerdan el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “debe respetarse la libertad de los padres, o en su caso de los tutores legales, de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones” (Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966).
Por tanto, explican, “la Educación Religiosa en el ámbito educativo es un servicio subsidiario del Estado costarricense a la familia, para brindar la formación integral de las y los estudiantes, para que desarrollen armónicamente sus propias dotes físicas, morales, intelectuales y espirituales. Se deduce que la Educación Religiosa no es simplemente una fuente de empleo o relación de carácter laboral”.
Por otra parte, señalan, “nos preocupa la tendencia de querer remplazar la educación religiosa católica, por una enseñanza del hecho religioso de naturaleza multiconfesional, o por una enseñanza ética, estética y de valores, negando el derecho de los padres y madres de familia a optar por la educación religiosa católica para sus hijos e hijas”.
Los prelados hacen un llamamiento a los responsables pidiendo, en primer lugar, “que las familias católicas, conforme a la exigencia de su condición de bautizados, aprovechen el espacio que les otorga nuestro sistema educativo, como aporte insustituible en la formación humana y cristiana de sus hijas e hijos, y que se mantengan alertas para vigilar y defender el derecho inalienable de darles la Educación Religiosa Escolar Católica”.
Piden también “que el Ministerio de Educación Pública y la Conferencia Episcopal de Costa Rica consoliden el marco jurídico y funcional que ampara actualmente al Departamento de Educación Religiosa, como entidad que vincula al Ministerio de Educación Pública y la Conferencia Episcopal de Costa Rica en esta tarea. Asimismo, abogamos por el derecho que asiste a las y los educadores de Educación Religiosa, a participar en el ejercicio docente en todos los ciclos y modalidades del sistema educativo costarricense”.
Asimismo, instan a “que los educadores de Educación Religiosa y los que aspiran a esta carrera profesional, asuman su profesión como una verdadera vocación al servicio de la formación integral de niños, jóvenes y adultos”.
Exhortan a “continuar respetando la legislación vigente que ampara la Educación Religiosa confesional católica, al tiempo que se consoliden los vínculos de coordinación y complementariedad entre el Estado Costarricense y la Iglesia Católica en el ámbito educativo”.
Así mismo, “respetar el derecho que tienen las familias católicas a educar a sus hijos e hijas de acuerdo a su fe y sus convicciones”.
También “reconocer que la Educación Religiosa Escolar es una responsabilidad compartida entre la familia, la Iglesia, el Estado y los centros educativos”.
Y “renovar el compromiso eclesial de asumir la Educación Religiosa en los centros docentes y el servicio de las y los educadores como acción prioritaria enmarcada en la Pastoral Educativa”.
Expresan citando al Papa su certeza de que “los nobles fines de la educación, fundados en la unidad de la verdad y en el servicio a la persona y a la comunidad son un poderoso instrumento especial de la esperanza”. “Aprovechar los dones del pasado a fin de comprender mejor el presente y proyectarse conscientemente hacia el futuro” (Discurso a los Educadores Católicos, 17 de abril de 2008).
Y concluyen recordando que se van a cumplir 70 años del establecimiento de la Educación Religiosa Escolar en Costa Rica.
Por Nieves San Martín
