Los obispos de Costa Rica publicaron una declaración en contra del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a su país a cambiar la legislación para aprobar la Fecundación in Vitro (FIV).
Los prelados centroamericanos advierten que “la FIV es y será, hasta que no se garantice lo contrario, un procedimiento deshumanizante para el bebé”. La sentencia, afirman, “es una acción sustentada en el criterio subjetivo de funcionarios internacionales, cuyos criterios particulares han lesionado la soberanía jurídica y constitucional del país”.
Aseguran que la resolución no les “toma por sorpresa. Primeramente, los peritos presentados por el estado costarricense, en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incurrieron en contradicciones. Así mismo, algunos jueces durante los interrogatorios realizaron comentarios, en abierta objeción a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“Apelando a la tradición costarricense en defensa y respeto del Derecho Internacional –afirman los prelados- consideramos que este fallo es un lamentable ejemplo de la ideología de la cultura de la muerte que contradice a la ley natural y al Principio Judeocristiano de la dignidad humana, negando teórica y prácticamente el valor trascendente de la persona”.
Advierten que “los sistemas constitucionales democráticos deben fundarse en sanos consensos morales, y no en acuerdos precarios, provisionales o históricos, por lo que lamentamos que las constituciones nacionales, y el sistema de valores que ellas sustentan, se vean alterados por la vía del abuso interpretativo de los jueces a favor de una mentalidad anti vida”.
Añaden que, “como obispos y ciudadanos seguiremos insistiendo en que la vida humana posee un carácter sagrado, por tanto, todo ataque contra esta vida debe encontrar una firme y clara oposición por parte de los creyentes hijos e hijas de la Iglesia. Aunque esta técnica sea legalizada, mientras los embriones humanos sean asesinados, será siempre inmoral”.
Por último, recuerdan que “no se puede construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida como el pilar en el que se apoya toda sociedad civil”.
