ROMA, viernes 24 de diciembre de 2010 (ZENIT.org).- El Gobierno de Costa Rica habría sido amenazado de tener que comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no legaliza la práctica de la fecundación in vitro (FIV), denunció Gènéthique, síntesis de prensa de la Fundación Jerôme Lejeune, con sede en París, Francia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en 1979, con sede en San José Costa Rica, la capital del país centroamericano, es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de otros tratados concernientes al mismo asunto.
El resumen de prensa francés de la fundación provida toma la noticia de la agencia internacional Interpress Service (IPS), en su versión inglesa.
La noticia original en español, firmada por Daniel Zueras, indica que Costa Rica es, con Afganistán, el único país del mundo en el que está prohibida la fecundación in vitro.
“El Vaticano quiere que siga así y el propio papa Benedicto XVI acaba de pedirlo al gobierno, lo que enfrentaría al país a una demanda interamericana”, explica el periodista de IPS.
En 2000, un dictamen jurídico prohibió aplicar la FIV en Costa Rica. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que violaba el derecho a la vida de los embriones que no eran implantados en el útero materno.
Un año después, diez parejas costarricenses interpusieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que se coartaba su posibilidad de ser padres.
La citada Comisión reprendió al país por la medida y, en agosto de este año, exhortó a Costa Rica a que legalice la FIV porque, según la CIDH, su prohibición viola derechos fundamentales.
La CIDH calificó la decisión del tribunal constitucional de “interferencia arbitraria y una restricción incompatible” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José por haberse firmado en la capital costarricense.
La Comisión, indica IPS, “dio de plazo hasta el 2 de febrero para que el gobierno de Laura Chinchilla avance claramente en la eliminación de la excepcionalidad costarricense en cuanto a la FIV, para no pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José y cuyos fallos son inapelables”.
Para evitar la demanda ante la Corte Interamericana, el Gobierno remitió un proyecto de ley sobre la reproducción asistida a la unicameral Asamblea Legislativa. “Hemos sido cuidadosos con el texto y estamos optimistas de que encuentre el apoyo necesario entre los diputados”, indicó a IPS el ministro de la Presidencia, Marco Vargas.
El proyecto de ley establece que todo óvulo fecundado en el laboratorio debe ser implantado en el útero de la mujer. Al obligar a la introducción de todos los embriones fecundados, se prohíbe de facto la crioconservación (congelación) de los restantes. Además, se exige una prueba psicológica especial a las parejas solicitantes.
El presidente de la CIDH, el chileno Felipe González, puntualizó en noviembre que “en la medida que se advierta que esa voluntad (de instituir una ley) es nula o insuficiente o que se extiende mucho en el tiempo”, el caso se remitirá a la Corte Interamericana.
La legalización de la FIV es rechazada por la Iglesia católica, mayoritaria en el país, y por las confesiones evangélicas.
En su discurso al nuevo embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, el Papa dijo el pasado día 3 de diciembre: “En este ámbito, me complace recordar que fue precisamente en Vuestro País donde se firmó el Pacto de San José, en el que se reconoce expresamente el valor de la vida humana desde su concepción. Así pues, es deseable que Costa Rica no viole los derechos del nasciturus con leyes que legitimen la fecundación in vitro y el aborto”. (ver: http://www.zenit.org/article-37502?l=spanish).
