BUENOS AIRES, 5 marzo 2002 (ZENIT.org).- La Justicia Civil de la ciudad de Buenos Aires decretó, el pasado 28 de febrero, la inconstitucionalidad de la ley de Salud Reproductiva que aplica el gobierno de la capital argentina, en respuesta al amparo que tres abogados plantearon contra la misma.
Según informa este martes la agencia católica argentina AICA, la jueza Graciela González Echeverría, a cargo del juzgado N° 34, acogió la denuncia por considerar que ni los legisladores ni el gobierno tienen la facultad de fomentar conductas íntimas entre los menores de edad en contra de los principios de sus padres.
Así mismo, declaró inconstitucional la ley pues, según recordó, la Constitución argentina protege la vida desde la concepción.
Los abogados que presentaron el recurso en condición de padres de familia son Roberto Castellano, Carlos Esteva y Eduardo Sequeiros.
Los abogados plantearon en la demanda que los diputados porteños habían desconocido «groseramente» la Constitución Nacional y el Código Civil al sancionar una legislación que «viola los derechos a la intimidad, a la salud y a la patria potestad, resultando ajeno al cometido legislativo imponer una conducta sexual determinada a la población».
En los fundamentos de la sentencia, la magistrada porteña González Echeverría asegura que el Estado no debe arrebatarle funciones a la familia y que su función es «subsidiaria de la función de los padres».
Los padres que obtuvieron la declaración de inconstitucionalidad argumentaron que la norma se basaba en «un engaño, por cuanto nada tenía que ver con la salud o la reproducción, ya que la maternidad no podía ser considerada una enfermedad ni la esterilidad un síntoma de salud».
«Se trata, lisa y llanamente –destacaron en la demanda– de un burdo plan de control artificial de la natalidad mediante el empleo de métodos nocivos para la salud que sólo beneficia a los fabricantes de los productos que se usan y termina promoviendo el SIDA y otras patologías al difundir entre los menores la falsa idea de que la sexualidad se encuentra disociada de la moral y los valores».
La jueza impuso además los gastos del proceso al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se había opuesto a que se requiera el consentimiento expreso de los padres para disponer sobre la salud o la educación de sus hijos menores.
