BRUSELAS, viernes 7 diciembre 2012 (ZENIT.org).- Un reciente informe del Servicio Jesuita a Refugiados denuncia que las deportaciones forzosas y los abusos a los derechos humanos son el pan de cada día para los inmigrantes en Marruecos y Argelia.
Las redadas policiales y las expulsiones forzosas de inmigrantes van en aumento en Marruecos; en Argelia, los inmigrantes se ven obligados a vivir en casas en ruinas. La falta de una ley de asilo en ambos países está permitiendo que demasiados inmigrantes forzosos no puedan acceder a la condición de refugiado. El abuso contra los derechos de los inmigrantes se mantiene en gran medida porque la Unión Europea «mira hacia otro lado», según el nuevo informe que ayer presentó el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)-Europa.
«Durante años, la UE ha contado con Marruecos adonde ha enviado de regreso a los inmigrantes sin garantizarles ningún tipo de procedimiento que permita la identificación de las personas que necesitan refugio. En Argelia, muchos inmigrantes también quedan atrapados sin protección, y a menudo se ven obligados a mendigar en la calle y a vivir en edificios abandonados», explica el investigador del JRS Europa Andrew Galea Debono.
Los refugiados que viven en Argelia a menudo recurren a vivir en casas abandonadas, porque el gobierno les niega el permiso para trabajar en el país, un gran obstáculo institucional para que los refugiados puedan ser independientes.
En el informe Lives in Transition, Galea Debono relata la desgarradora historia de Armel, un camerunés de 37 años, que, de noche, intentó recorrer a nado dos kilómetros desde la costa marroquí hasta el enclave español de Ceuta, en 2006. Con cuerdas, se ató un neumático en el que iba una mujer embarazada. Lejos de la orilla, el neumático pinchó, y en su lucha por sobrevivir la mujer perdió el conocimiento. Afortunadamente, una nave de la Guardia Civil española les descubrió y les subió a bordo.
«En vez de llevarnos a un lugar a salvo y ayudar a que la mujer se recuperase, nos enviaron de vuelta a la costa de Marruecos, y nos tiraron al mar. Les dije que ella estaba embarazada, pero no me creyeron. Ella todavía estaba inconsciente cuando la echaron al agua. La policía marroquí nos vio y nos ayudó a llegar a tierra. Nos las arreglamos para sobrevivir, pero la mujer perdió a su hijo», recuerda Armel.
Galea Debono habló con varios inmigrantes que habían sido expulsados repetidas veces por la fuerza en pleno desierto, tanto por las autoridades marroquíes como argelinas. Se sabe que las autoridades marroquíes han estado deportando a la gente directamente a la frontera sin revisar sus circunstancias personales. En consecuencia, muchos africanos subsaharianos con el estatuto de refugiado, e incluso aquellos con un visado legal, han sido expulsados a la frontera por razones tan simples como el color de su piel. Las ONG locales en Marruecos explicaron al JRS Europa que las deportaciones han aumentado significativamente desde principios de 2012.
«A los inmigrantes detenidos en redadas les suelen requisar sus teléfonos móviles, y no tienen la oportunidad de informar a sus familiares. Mientras tanto, mafias locales e incluso policías se aprovechan de la vulnerabilidad de los inmigrantes que se encuentran encallados a ambos lados de la frontera entre Marruecos y Argelia», explica Galea Debono.
El JRS Europa quiere que la UE y sus estados miembros garanticen que el acceso a los procedimientos de refugio y la protección de los derechos humanos fundamentales sean una prioridad en todos los acuerdos bilaterales con Marruecos y Argelia. Las repatriaciones forzosas a ambos países «deben detenerse hasta que cada gobierno demuestre que respeta los derechos de todos los inmigrantes y que no los expulsa a la frontera del desierto sin revisar legalmente cada caso», exige.
Todos los gobiernos deberían eliminar la práctica del retorno forzoso y garantizar que se respeten los derechos de todos los inmigrantes y refugiados. Además, no se debería expulsar nunca a un inmigrante a las duras fronteras del desierto, independientemente de cuál sea su estatuto legal; y sí, en cambio, poner en práctica el Retorno Voluntario Asistido, cuando sea necesario.
«Es evidente que ni Argelia ni Marruecos pueden ser considerados lugares seguros para los inmigrantes que necesitan protección», dice el responsable de políticas del JRS Europa, Stefan Kessler.
«En vez de limitarse a desentenderse de la responsabilidad de proteger a los refugiados y mirar a otro lado, la UE debe tomar la iniciativa y hacer de los derechos humanos un asunto innegociable en sus relaciones con terceros países», concluye
