SALTILLO, martes 21 de junio de 2011 (ZENIT.org – El Observador).- Expertos nacionales e internacionales reunidos en Saltillo, ciudad de norte de México, acordaron una agenda de siete puntos prioritarios para terminar con abusos contra las y los migrantes tanto mexicanos como los que atraviesan por el territorio nacional camino a Estados Unidos, provenientes de Centro América y de muchos otros lugares del mundo.
Convocados –entre otras organizaciones católicas y no gubernamentales, por la diócesis de Saltillo, a cuyo frente se encuentra monseñor Raúl Vera López OP, representantes de casas del migrante de todo el país, académicos, organizaciones internacionales, en calidad de defensoras y defensores de derechos humanos, elaboraron de manera conjunta una agenda para responder a esta realidad que toma visos de tragedia humanitaria como colofón a los trabajos del “Taller Internacional por el Derecho a migrar sin Violencia”.
El taller es producto del seguimiento del premio que la fundación Rafto por los Derechos Humanos le dio a monseñor Vera López el pasado mes de noviembre de 2010 en Bergen, Noruega, por su defensa de los migrantes y su contribución a la pacificación de una de las zonas más conflictivas del planeta, como lo es la frontera de México con Estados Unidos.
El Taller se centró en la tragedia que viven las personas migrantes mexicanas y extranjeras en México, caracterizada por más de 20 mil secuestros al año, masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y los hallazgos continuados de fosas clandestinas con los restos mortales de cientos de personas.
La intención del Taller fue la de intercambiar experiencias y propuestas para poner fin a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México. Después de tres días de análisis de la situación que enfrentan las personas migrantes en México y del fenómeno regional y global de la migración, se exigen al Estado mexicano una serie de puntos.
El primero, que proporcione a las personas transmigrantes la posibilidad de transitar el territorio nacional con un estatus migratorio regular. Lo anterior se puede lograr mediante la inclusión de una visa para transmigrantes en las reformas a la nueva Ley de Migración en los próximos meses, o mediante un acuerdo de supresión de visas entre México y los países de origen, sobre todo los países centroamericanos.
El segundo, que garantice la seguridad de las personas mexicanas que se ven obligadas a migrar y que se han convertido en centro de mercantilización igual que la población transmigrante.
El tercero, ante la ineficacia de los programas actuales en materia de deportación, que garantice un retorno seguro a casa de las personas mexicanas repatriadas, proporcionándoles información, una identificación y los recursos económicos y logísticos necesarios para este fin.
El cuarto, que reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a los migrantes, en particular garantizar la protección de las casas de migrante y las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, destacamos que cualquier acción o mecanismo gubernamental de protección para las y los defensores de derechos humanos debe ser resultado de un proceso participativo de consulta y acuerdos con la sociedad civil.
El quinto, considerando que la obligación de investigar todo delito cometido contra las personas migrantes corresponde al Estado a partir del momento en que tenga conocimiento de la probable comisión de actos delictivos, exigimos que el Gobierno mexicano cumpla este deber, poniendo fin a la impunidad imperante y persiguiendo, consignando y sancionando a los autores de secuestros, masacres, violencia sexual y otros abusos contra migrantes, incluyendo a los agentes estatales coludidos o que toleren dichas conductas a todos niveles. Ante la ineficacia de las instituciones de procuración de justicia, a nivel estatal y federal, proponemos la creación de una instancia especializada que garantice una investigación de dichos delitos acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con la sociedad civil dedicada a la protección de la población migrante. Destacamos que esta instancia debe cuidar de no repetir las deficiencias de pasadas Fiscalías especializadas que sólo han abonado a la impunidad.
El sexto, que garantice la atención y protección integral a migrantes víctimas de delito y a testigos, asignando un presupuesto adecuado para los programas necesarios de atención integral y protección.
El séptimo y último, que colabore activamente con los gobiernos de la región para implementar soluciones efectivas que pongan fin a los abusos cometidos en contra de sus ciudadanos en territorio mexicano.
En su comunicado de prensa, los miembros del Taller argumentaron que “las y los migrantes, sujetos de derecho, se encuentran en una situación de peligro inminente por su estatus y por las causas estructurales que los obligan a abandonar sus países y transitar en la clandestinidad. Este fenómeno exige urgentemente una respuesta eficaz que garantice la vida, integridad física y seguridad de todas las personas migrantes en territorio mexicano”.
Finalmente, dijeron que “ningún país democrático puede aceptar la masacre continuada de decenas de miles de personas vulnerables que igual que millones de mexicanos buscan una vida digna y libre de violencia”.
