MORGES (SUIZA), 5 diciembre 2002 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Suiza ha aprobado unas «directivas» sobre abusos sexuales y ha anunciado la creación de una comisión de expertos que a partir de ahora velará por su aplicación.
Las «directivas» han sido aprobadas en la asamblea ordinaria celebrada por los obispos helvéticos del 2 al 4 de diciembre en el centro de congresos de La Longeraie, en la localidad de Morges.
El documento, como explica un comunicado de prensa distribuido por la misma Conferencia Episcopal (http://www.kath.ch/sbk-ces-cvs/pdf/Doc_abus_sexuels_f.pdf), «afronta tanto la prevención como las medidas que hay que tomar en las diócesis en caso de abuso sexual por parte de una persona comprometida en la pastoral».
«Los obispos –insiste el comunicado de prensa– han querido que este documento no trate solamente el problema de la pedofilia, que no es ni mucho menos el único caso de abuso sexual que se pueden encontrar».
El primer capítulo del documento, informa la Conferencia Episcopal, afronta la «noción de responsabilidad». Para ello define con claridad conceptos como «abusos sexuales, ascendiente moral o «consentimiento» de la víctima».
«Los obispos rechazan la banalización de las transgresiones, describen la responsabilidad particular que tienen que asumir los sacerdotes y los agentes pastorales laicos con respecto a las personas que les son confiadas», aclara la nota explicativa difundida por el episcopado.
«Aunque el impulso a mantener una relación sexual proceda de otra persona, aceptar un contacto de este tipo nunca sería legítimo», aclara textualmente el documento.
Añade que la responsabilidad es todavía mas grave cuando se trata de actos cometidos con «niños, jóvenes, discapacitados u otro tipo de personas dependientes».
Los capítulos 2 y 3 tratan sobre la «prevención» de estos abusos. «La Conferencia fustiga una cierta tendencia masculina –con frecuencia inconsciente– que considera todavía hoy a las mujeres, así como a los niños y los jóvenes, como «menos dignos de respeto»… lo que crea un clima peligroso, propicio a desviaciones de todo tipo», afirma la nota explicativa.
Para los sacerdotes y religiosos, aclara el documento, el celibato debe ser vivido en plenitud, «evitando el silencio y el secreto que rodean con frecuencia las cuestiones afectivas».
«Los obispos subrayan en particular la importancia del equilibrio personal, del equilibrio entre trabajo y descanso, de una buena integración social, de la preocupación por los valores religiosos y humanos, así como por la vida espiritual. Sin ésta, aparece el riesgo de desviarse», explica el episcopado.
En concreto, el documento aboga por un examen muy atento de la afectividad de los candidatos al ministerio pastoral.
«La cuestión de la integración de la sexualidad debe ser tratada antes de la ordenación o de la admisión al ministerio en la Iglesia», establece el texto. «Además, la formación continua es indispensable, así como el acompañamiento espiritual y un eventual seguimiento por un experto en caso de crisis personal».
La cuarta parte describe las tareas de la «comisión de expertos para los abusos sexuales», que en estos momentos se compone de once miembros (representantes de la Iglesia, así como expertos en diferentes campos específicos). Esta «task-force» deberá aconsejar desde el punto de vista psicológico, jurídico y eclesial a la Conferencia Episcopal, los obispos y las instituciones que lo requieran. Asimismo, seguirá los problemas y decidirá las medidas que tendrán que tomarse.
El quinto capítulo aborda los «procedimientos en las diócesis», en particular, el procedimiento que hay que seguir cuando se da un caso de abuso sexual. «Por una parte –aclara el comunicado del episcopado–, el procedimiento eclesial debe impedir en primer lugar toda recaída. Por otra parte, los obispos deben vigilar para que las víctimas sean reconocidas y ayudadas, según los casos, desde el punto de vista pastoral, médico, psicoterapeútico, así como financiero».
Los obispos alientan también la colaboración y la distribución de información útil (capítulo 6), así como la colaboración con los servicios estatales –autoridades civiles de investigación, tribunales etc.–.
Varios anexos, por último, aclaran la terminología utilizada y los datos de los miembros de la comisión de expertos, así como los centros regionales de consulta, tanto eclesiales como públicos. Se presenta también un extracto del código civil suizo y amplia bibliografía.
Las directivas entraron en vigor este jueves, 5 de diciembre.
