Lares Canarias, asociación canaria que agrupa a trece residencias de mayores del sector solidario, es decir, sin ánimo de lucro, gestionadas por entidades religiosas y patronatos confesionales ha hecho a la opinión pública una serie de manifestaciones.
Atienden a 1.700 personas mayores, dependientes en su mayoría, con comunidades religiosas y casi 800 profesionales. Y ante un posible cierre de sus residencias, “con gran pesar”, denuncian, en primer lugar, que “las Administraciones Públicas Canarias no están dando al Tercer Sector el papel previsto en la Ley de Dependencia, al no mantener la opción preferente por este sector, a pesar de que los centros solidarios son los más eficientes y socialmente rentables”.
Afirman que no han contado en los últimos años, ni en el presente, con subvenciones ni del Gobierno de Canarias ni de los Cabildos, para cubrir las nuevas necesidades de gasto en el funcionamiento de sus centros, así como las exigencias creadas por la Ley de Dependencia en cuanto a la preceptiva actualización a la normativa vigente.
Sólo cuentan con las aportaciones de sus residentes, en su mayoría pensiones mínimas, con colaboraciones privadas y alguna subvención de la Administración Local.
El servicio que actualmente prestan a este gran colectivo de personas mayores, afirman, “plantea graves problemas para poder mantenerlo peligrando el futuro de estas instituciones debido a la escasez de recursos económicos”.
De continuar la tendencia actual de recortes económicos, la mayoría de residencias asociadas a LARES se verán obligadas, en contra de su voluntad, a dejar de prestar sus servicios a personas mayores sin recursos económicos, viéndose obligadas a solicitar de las administraciones que se hagan cargo de la atención de estos usuarios.
Por último, la Asociación LARES CANARIAS “exige enérgicamente a las administraciones y poderes públicos que asuman sus responsabilidades y tomen las medidas oportunas”, así como hace “un llamamiento a las mismas administraciones y ciudadanos de buena voluntad para remediar la dramática situación en que se encuentra el sector de la atención a las personas mayores dependientes en Canarias”.
