Los Obispos de la Iglesia Católica en el Ecuador nos hemos reunido para conocer el proyecto de nueva Constitución que será sometido a referéndum popular el próximo mes de septiembre.
No nos corresponde como Obispos asumir una actitud política. Nos corresponde, en cambio, iluminar las conciencias de los católicos con la doctrina del Evangelio para que tomen una decisión responsable y en conciencia, ante Dios y la sociedad.
En sintonía con un sentir mayoritario, ajenos a los pronunciamientos y a la propaganda de los diversos grupos políticos, nos apoyamos ahora en el Concilio Vaticano II: «Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina sobre la sociedad y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas». No nos alineamos con nadie, somos los mismos desde hace dos mil años.
En el contexto del servicio a los valores humanos fundamentales, hemos de afirmar, sin ceder a presiones del entorno, el valor sagrado de la dignidad de cada ser humano. La dignidad de la persona y la defensa de los derechos que de tal dignidad se derivan deben ser el objetivo de todo proyecto social y de todo esfuerzo por llevarlo a cabo.
Hemos apreciado los Obispos en forma unánime que el proyecto de Constitución ha recogido enunciados generosos acerca de la centralidad de la persona entre los fines de la sociedad, en la economía, la educación y la salud, con énfasis en la promoción de los pobres. Se trata de aspectos en que ha insistido siempre la Iglesia. Aunque echamos de menos la mención de los procesos para la lucha contra la pobreza y la corrupción.
Se han notado, sin embargo, inconsecuencias respecto a otros fundamentales enunciados, como el del aborto, la familia, la educación y la libertad religiosa.
Los Obispos del Ecuador consideran que se trata de puntos – tal como los ha definido el Papa Benenedicto XVI – «no negociables», que exigen una actitud clara de parte de los creyentes y personas de buena voluntad. Marcamos aquí esquemáticamente las razones de nuestro desacuerdo con el texto constitucional, sabiendo que éste rechazo es compartido con más de 800.000 firmas entregadas a la Asamblea Constituyente y también por los hermanos cristianos evangélicos y otros ecuatorianos de buena voluntad:
1. La persona humana existe antes que el Estado. En una democracia real el Estado está al servicio de la persona y de la sociedad y no las personas y la sociedad al servicio de Estado. Descubrimos que el estatismo parece ser un hilo conductor de la nueva Constitución. En ella se habla, por supuesto, de derechos; pero muchos de estos derechos fluyen del Estado, violentando así la creatividad y responsabilidad de las personas y de la sociedad.
2. No se reconoce claramente el derecho a la vida desde la concepción. Sin mencionar el término «aborto», el proyecto constitucional deja la puerta abierta a la supresión de la nueva creatura en el seno de la madre. En un contexto ambiguo, el art. 46 establece el reconocimiento y garantía de la vida, sin referencia a la concepción, y el cuidado y protección del niño desde su concepción, sin referencia a la vida.
Luego, en el marco de los «derechos sexuales y reproductivos», el mismo texto reconoce a toda persona el poder de decidir cuando y cuántos hijos «tener» (se entiende aún después de haberlos procreado), asumiendo así la aceptación del aborto.
3. Se atenta en contra de la familia como célula fundamental de la sociedad y del bien común. La nueva Constitución desdibuja la familia, cuando rechaza la existencia de la «familia tipo», para sustituirla con distintos «tipos de familia». De ahí se pasa a equiparar a la familia la unión de personas del mismo sexo. Hacemos notar que los derechos de las personas homosexuales se encuentran garantizados en la legislación común, en el marco de la no discriminación.
4. En la educación es más patente aún el estatismo. El derecho de los progenitores y el reconocimiento de la libertad de enseñanza vienen contradichos cuando el Estado se arroga el derecho de determinar lo que se tiene que enseñar y lo que se tiene que ignorar. Bajo la afirmación de que la educación es un servicio público, se considera la educación particular y fiscomisional como una mera concesión del Estado y no como una expresión del derecho de los padres de familia. Aunque el Gobierno actual siga todavía «delegando» a establecimientos particulares la facultad de educar, no hay ninguna garantía de futuro, cuando el Estado adquiere la facultad de regulación y control de todos los aspectos de la educación.
No agotamos en este análisis los puntos que son de importancia para una conciencia cristiana. Es preciso que cada ciudadano con derecho al voto profundice sobre estas y otras razones, implorando la sabiduría divina. Seremos, en el referendum, tan responsables como los propios legisladores respecto de las estructuras jurídicas y sociales que regirán al Ecuador del futuro.
Elevemos nuestras oraciones al Señor, por la intercesión de nuestros santos, para que nos bendiga siempre.
SECRETARIA GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA
Quito, julio 28 de 2008
