SAN SALVADOR, martes, 5, diciembre 2006 (ZENIT.org).- El arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, manifestó en rueda de prensa el pasado 3 de diciembre que la Iglesia sigue preocupada por el alto índice de violencia en el país e insistió en que debe aplicarse la prohibición de llevar armas en sitios públicos.
El arzobispo Sáenz Lacalle, también presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, mostró su preocupación, ya que los delitos y crímenes en el país siguen en aumento. El arzobispo insistió en la necesidad de un desarme «de manera que nadie lleve armas, que se confisquen estas armas, pero esto no impide que las puedan tener en las casas o en el carro, sobre todo, en esos lugares tan conflictivos».
Monseñor Sáenz Lacalle reveló que la Iglesia ha insistido en ese aspecto en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, constituida el pasado mes de noviembre por el Gobierno para estudiar y presentar propuestas encaminadas a combatir en forma integral el problema de la violencia.
Son miembros de la Comisión representantes de universidades, iglesias, partidos políticos y asociaciones empresariales.
En representación de la Iglesia Católica participa el sacerdote Jesús Delgado, quien según dijo el arzobispo le ha presentado un informe sobre los pasos que se están dando para presentar propuestas contra la violencia que vive la sociedad salvadoreña, sobre todo en materia de prevención.
«Siguen sus reuniones y sus consultas, han creado tres subcomisiones: una de cultura ciudadana, prevención y rehabilitación; otra de violencia y delincuencia, y la última sobre asuntos institucionales y legales», explicó el arzobispo de San Salvador.
Agregó que esta comisión, al igual que la Iglesia, han recomendado un mecanismo para el desarme, por lo que espera que esta tenga su canalización oportuna y que contribuyan a disminuir los índices de violencia.
Las estadísticas oficiales reconocen entre 10 y 12 los muertos que se registran en el país cada día, lo que le convierte en uno de los países con más alto índice de violencia en América Latina.
Por otra parte, monseñor Sáenz Lacalle consideró «un éxito de la Fiscalía» la extradición de Francia del ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, quien se encuentra detenido en el país desde el pasado miércoles.
Perla y otra veintena de empleados de la institución son acusados de malversar fondos de la misma, por un monto que podría ascender a unos 40 millones de dólares.
«Es un éxito de la Fiscalía haber vencido todas las dificultades que se han ido poniendo para que este encausado esté aquí en el país, pero por otra parte hay que dejar que el juicio sea justo, transparente y que se saquen las consecuencias debidas de las pruebas que se puedan logra», apuntó el prelado.
Añadió que, por supuesto, «todos los datos que se den en posibles fraudes o manipulación de fondos públicos deben ser investigados» y manifestó su esperanza de que en el proceso judicial contra Perla haya una verdadera «independencia de poderes y que nadie falle».
En el mismo contexto de justicia, el arzobispo manifestó esperar que también las personas que están siendo procesadas por la masacre de El Mozote, a 25 años de transcurrido el hecho, sean sentenciadas. «Todos los procesos son buenos, que sigan adelante, que se vayan resolviendo y aclarando las responsabilidades», sostuvo.
«Estos hechos son lamentables –agregó–, hay que recordarlos no con odio, si no más bien como una llamada de atención hacia donde se puede llegar si la población se polariza y pierde los valores humanos, dejando de vivir su religión, llegando a la monstruosidad a la que se llegó».
