»La Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes» es una de las principales convenciones internacionales en el marco de la actividad de las Naciones Unidas y a la que se adhieren libremente muchos países miembros de la comunidad internacional, los llamados «Estados Parte» de la Convención. Por ello, el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, expone algunos aspectos sobre la citada Convención en una nota publicada hoy en Radio Vaticano.
La Convención contra la Tortura se remonta a 1984. La Santa Sede se adhirió en 2002 «por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano» y presentó su Informe «inicial» en diciembre de 2012 .
En la nota, se recuerda que el Comité de las Naciones Unidas sobre la Tortura está integrado por 10 miembros y lleva a cabo su 52ª reunión en el Palais Wilson de Ginebra del 28 de abril al 23 de mayo. En el curso de la misma examinará los informes de ocho países: Uruguay, Tailandia, Sierra Leona, Guinea, Montenegro, Chipre, Lituania y la Santa Sede. La reunión del Comité con la delegación de la Santa Sede tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo.
El día 5 de mayo, «la delegación efectuará una breve presentación del informe seguida por los comentarios de dos relatores elegidos por el Comité. En la tarde del día 6 la delegación puede responder a las preguntas del día anterior y a otras eventuales preguntas de los miembros del Comité». Más adelante -el día 23- el Comité dará la conferencia de prensa que clausura la sesión y luego publicará sus «Observaciones finales», a las que los Estados Parte -y por tanto la Santa Sede- pueden responder posteriormente por escrito en modo formal.
Para entender la importancia de este encuentro y la naturaleza del diálogo que se llevará a cabo, es necesario, en primer lugar, dejar muy claro que, dada la naturaleza de esta Convención (que atañe sobre todo a los temas relacionados con el derecho penal, el procesal penal, el sistema penitenciario, las relaciones internacionales en el ámbito judicial, etc.), la Santa Sede se adhirió a la Convención por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, por lo que su responsabilidad jurídica en la aplicación corresponde al territorio del Estado de la Ciudad Vaticano, explica el padre Lombardi.
Naturalmente -continúa en el comunicado- la Santa Sede propone también una enseñanza importante sobre el tema de la tortura y de los tratos crueles e inhumanos que es de gran importancia para la difusión de los principios que inspiran la Convención y su aplicación -tanto es así que el Informe presenta una amplia recopilación de referencias y citas del Magisterio de la Iglesia y da cuenta exhaustivamente de la importante actividad de los medios de comunicación del Vaticano en materia-, pero, de por sí, esto va más allá de los compromisos asumidos con la adhesión a la Convención, en cuanto ésta se limita al territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Del mismo modo señala que en el Informe presentado por la Santa Sede en diciembre de 2012 (que es público), en varios puntos importantes se hace referencia a la revisión en curso de la legislación penal del Estado de la Ciudad del Vaticano. «Esa revisión ya se ha completado con las nuevas leyes promulgadas el 11 de julio del año pasado, 2013, entradas en vigor el 1 de septiembre sucesivo (Leyes VIII y IX), que hacen que tanto la legislación penal como el procedimiento penal del Vaticano sean conformes con el Convenio», añade el portavoz vaticano.
Finalmente, indica que «la revisión fue amplia y profunda, con el fin de adecuar la legislación vaticana -entre otras cosas- a las exigencias de las diversas Convenciones internacionales a las que la Santa Sede se había adherido en el curso de los años: no sólo contra la tortura, sino también contra la criminalidad en ámbito económico y financiero, contra la discriminación racial y por los derechos de los niños. El progreso de adecuación en ámbito normativo a las exigencias del Convenio es, por tanto, muy relevante".
