MADRID, jueves 13 octubre 2011 (ZENIT.org).- El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha comunicado a la asociación Profesionales por la Ética que trasladará al Gobierno español un informe contrario a Educación para la Ciudadanía (EpC).
El documento, realizado por Profesionales por la Ética y por el Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ) fue presentado el pasado mes de junio, informó la asociación.
El estudio demuestra que las polémicas asignaturas incumplen varios tratados y acuerdos internacionales -como la Carta Social Europea y los Principios Orientadores sobre la enseñanza de las religiones y creencias en las Escuelas Públicas de la OSCE-, así como algunas comunicaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El informe concluye con una recomendación que insta al Consejo de Europa a solicitar al Gobierno español que atienda a los alumnos objetores que no entran en clase de EpC.
La responsable de Relaciones Internacionales de Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo, lo interpreta como una pequeña victoria que sirve para recordar que las asignaturas de EpC han provocado un serio conflicto en la sociedad española y que muchos padres siguen objetando y luchando contra esta forma de adoctrinamiento escolar.
“El primer hito –afirma-, fue la presentación de una demanda de 105 españoles ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en marzo de 2010”.
Tamayo recuerda que estas materias escolares fueron denunciadas en ocho ocasiones en diversos foros o instituciones internacionales: en el Parlamento Europeo, en Bruselas en junio de 2010; en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en septiembre de 2010.
También en la Asamblea de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), en Varsovia, en octubre de 2010; en la Reunión sobre Libertad de Religión o Creencia de la OSCE, en Viena, en diciembre de 2010; en la Cumbre de la OSCE en Kazajstán, en diciembre de 2010.
Y en la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, en Viena, en abril de 2011; en el Comité Europeo de Derechos Sociales, del Consejo de Europa, en Estrasburgo, en junio de 2011; y en el Congreso sobre Prevención y respuesta a los ataques contra los cristianos de la OSCE, en Roma, en septiembre de 2011.
