MADRID, lunes 20 de diciembre de 2010 (ZENIT.org).- Ofrecemos a partir de hoy una nueva sección quincenal, sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y su relación con la antropología y la fe cristianas, que dirige el español Rafael Navarro – Valls, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
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Por Rafael Navarro-Valls
La espiral de legítimas reivindicaciones a la que apunta la moderna noción de derecho subjetivo acaba en utopía si no encuentra en el propio derecho el cauce de su promoción y defensa Hace tiempo que los juristas han denunciado que, las incertidumbres sobre el derecho objetivo, rebotan sobre los derechos subjetivos, creando una notable inseguridad social.
Pensemos en el derecho penal en la Iglesia. BenedictoXVI, en su último libro con Peter Seewald, denuncia la falta de vigor del Derecho canónico a partir de los 60, que condujo a la idea de que, aplicar el derecho, “conculcaba la caridad”. Ese vacío legal, contribuyó, entre otros resultado tóxicos, a que los depredadores sexuales en la Iglesia camparan a su antojo. Un pequeño tirón de orejas, un cambio quizás de destino pastoral …y el enemigo seguía dentro de casa. Mientras se producía un endurecimiento de las leyes penales civiles, en la Iglesia, un desvaído derecho sancionador, creaba una laguna legal de tal entidad que la ansiedad jurídica suplantaba a la certeza legal. La consecuencia fue un devastador saqueo de derechos humanos, entre ellos el del respeto a la dignidad de la persona humana.
Acaban de hacerse públicas tres cartas que demuestran cómo el prefecto de la Doctrina de la Fe, cardenal Ratzinger, había impulsado desde la promulgación misma del actual Código de 1983, una revisión en relación con las faltas morales graves cometidas por miembros del clero y por las que se requería su expulsión del estado clerical. Fue pues, el actual pontífice, quien postuló vigorosamente el proceso de reforma de la disciplina penal.
Paralelamente, se anunciaba hace unos días una reforma del libro VI del Código de Derecho Canónico (“De las sanciones en la Iglesia”) orientada al endurecimiento y mayor celeridad en la aplicación de las penas a los clérigos que cometen delitos más graves, entre ellos los abusos sexuales a menores. Al hacerse pública la noticia, desde el propio Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, se volvía a denunciar “un difundido antijuridicismo”, que no lograba “compaginar las exigencias de la caridad pastoral con las de la justicia y el buen gobierno”. Efectivamente, reconocer – como acaba de hacer el arzobispo de Dublín- que «el escándalo» de los abusos sexuales «ha abierto los ojos a la Iglesia» ante ese «horror», significa no simplemente “clamar al Cielo”, sino reconocer lo inadecuado de la reacción legal. En especial, en aquellas áreas –Estados Unidos y Holanda – donde el clima “antijurídico” era mayor.
El derecho, desde luego, es simplemente un modesto instrumento dentro de los muchos cauces para impulsar los derechos humanos, también en la Iglesia. Su ineficacia, sin embargo, deja sin freno ni acelerador el gran vehículo de su tutela.
