LOS ANGELES, 4 octubre 2003 (ZENIT.org).- El segundo aniversario de los ataques del 11 de septiembre incitó a reflexionar sobre las dificultades de perseguir a los terroristas. Pero no son sólo los extremistas islámicos los que causan preocupación. Aumentan los ataques de grupos de ecologistas radicales y de derechos de los animales en Estados Unidos y Gran Bretaña.
En California, los extremistas del Earth Liberation Front (ELF) destruyeron docenas de vehículos todo caminos y Hummers en cuatro tiendas de coches, informó el 23 de agosto el Los Angeles Times. El grupo demandó la autoría diciendo que la destrucción buscaba «quitar el motivo de los beneficios» de los responsables de la contaminación.
Según el periódico, ELF tiene sus orígenes en 1992 en Gran Bretaña. El grupo afirma haber inflingido más de 100 millones de dólares de daños en Norteamérica en los últimos seis años a «entidades que se aprovechan de la destrucción de la vida y del planeta». ELF ganó notoriedad en Estados Unidos tras destruir cinco edificios y cuatro telesillas en la estación de esquí de Vail Mountain en Colorado en octubre de 1998, causando 12 millones de dólares en daños.
El Washington Times del 10 de septiembre de 2002 citaba evidencias que apuntan a un aumento en la radicalización de ELF. Tras destruir un laboratorio del servicio de bosques en Irvine, Pennsylvania, un mes antes, ELF declaró en un e-mail: «Mientras que la vida inocente nunca será dañada en cualquier acción que emprendamos, donde sea necesario, no dudaremos en tomar las armas para hacer justicia, y proporcionar la necesaria protección a nuestro planeta que décadas de batallas legales, protestas y sabotaje económico no han logrado drásticamente alcanzar».
James Jarboe, jefe de la sección de terrorismo doméstico del FBI, dijo al comité del congreso el año pasado que parar ELF y su Animal Liberation Front asociado es difícil puesto que operan prácticamente sin estructura. «A pesar de todos nuestros esfuerzos», afirmó en un reportaje del Los Angeles Times, «la aplicación de la ley tiene un largo camino por andar para tratar adecuadamente el problema del ecoterrorismo».
La preocupación del FBI por el grupo radical ha sido evidente en la decisión de ofrecer 20.000 dólares de recompensa por información que conduzca a una detención y condena en los ataques a los todo terrenos. El agente especial supervisor del FBI, Doug Beldon, afirmó que la recompensa se ofrecía en parte porque el ataque podría considerarse terrorismo doméstico, informó el 24 de septiembre Associated Press. Afirmó que una fuerza antiterrorista de varias agencias está investigando el caso.
Los atacantes volvieron a golpear el mes siguiente, esta vez en San Diego, informó el periódico Union Tribune el 20 de septiembre. Por segunda vez en dos meses, los incendiarios prendieron fuego a casas en construcción. Cuatro casas inacabadas fueron destruidas, otras dos fueron dañadas y un edificio de apartamentos en construcción sufrió daños menores. Algunos banners publicados en páginas webs reclamaron para ELF la autoría de los hechos.
Posteriormente, ELF se apuntó formalmente la autoría de los ataques incendiarios en su página web, según el Union Tribune. El portavoz de ELF, Rodney Colorado, declaró en su página web que el grupo era también responsable de lo que se ha denominado «el mayor acto de sabotaje medioambiental en la historia de Estados Unidos». Este acto se refería al fuego de 50 millones de dólares en San Diego que destruyó un edificio de viviendas inacabado el 1 de agosto.
Culpables de asociación
Los extremistas de derechos de los animales están también preparados para utilizar medios violentos. Los opositores a Huntingdon Life Sciences, una empresa británica que se sirve de animales en sus laboratorios de investigación, han extendido sus acciones, que realizan desde hace tiempo en el Reino Unido, a los Estados Unidos, informaba el 25 de mayo el Los Angeles Times.
La organización Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) visita los hogares de las personas relacionadas con la empresa. A principios de este año en Los Ángeles, un ejecutivo cuya compañía simplemente vende programas de ordenador a Huntingdon se convirtió en objetivo de SHAC. El grupo colgó fotografías de un perro mutilado en el vecindario, y puso los números de teléfono de su casa y de su trabajo en Internet, invitando a sus activistas a que le llamaran día y noche.
El Los Angeles Times observaba que los tribunales de California, Illinois, Nueva Jersey y Nueva York dieron órdenes de emprender investigaciones, que se abrió una investigación por un jurado federal, y que los arrestos de una docena de activistas de SHAC en Boston el otoño pasado no han podido parar las actividades que han desembocado en vandalismo y terrorismo.
Haciendo frente a crecientes ataques violentos en Gran Bretaña, Huntingdon obtuvo contra los manifestantes de derechos de los animales la prohibición de un tribunal de no aproximarse a menos de 50 yardas de los hogares de sus empleados, informó el 17 de abril el Guardian.
La decisión siguió a una campaña de intimidación por la que los empleados fueron asaltados, sufrieron llamadas de teléfono intimidatorias, y sus coches fueron incendiados. Brian Cass, director ejecutivo, fue golpeado con bates de base-ball, y la auditora de la empresa, Deloitte & Touche, dimitió a principios de años tras una serie de amenazas contra sus propios ejecutivos.
La orden del tribunal también establecía que sólo se permitiría una manifestación cada 30 días en las zonas de exclusión fuera de las dos sedes de la compañía en Cambridgeshire y Suffolk. Asimismo, la prohibición veta la publicación de protestas con detalles personales de los empleados. Desde el pasado abril, la policía de Cambridgeshire ha gastado cerca de 4 millones de libras (6,6 millones de dólares), en proteger a la empresa de grupos extremistas.
Un editorial del Guardian apoyaba la prohibición, que marca un nuevo precedente de restricciones a manifestantes en Gran Bretaña. Tanto el Animal Liberation Front como SHAC «han dejado claro que no están interesados en un debate abierto y libre sino que, en su lugar, prefieren la intimidación, la coacción y las amenazas», afirmaba el editorial.
El año pasado, las autoridades británicas lograron con éxito poner tras las rejas a un terrorista del bienestar de los animales. David Blenkinsop fue sentenciado a cinco años y medio de cárcel por una campaña de explosiones, informó el 13 de diciembre el London Times. Sus objetivos fueron un matadero en Oxfordshire y las instalaciones de Cambridgeshire de Huntingdon. Blenkinsop ya había cumplido cuatro años y medio por atacar al ejecutivo de Huntingdon, Brian Cass. Blenkinsop colocó bombas bajo los camiones del matadero y los coches de los empleados de Huntingdon en el 2000, como parte de una campaña del Animal Liberation Front.
Libertadores del hígado de pato
Los liberacionistas de los animales están ahora ampliando sus acciones para incluir a los suministradores de foie-gras, informó el San Francisco Chronicle el 19 de agosto. El cocinero local Laurent Manrique ha visto su casa pintada con spray, su coche salpicado con ácido, y ha recibido cartas y vídeos amenazantes.
El foie-gras –hígado de ganso o pato engordado– es el objetivo de las protestas porque su producción implica la alimentación forzada. A mediados de agosto unos vándalos destrozaron la nueva tienda y el restaurante especializados en foie-gras que Manrique y sus socios habían planeado abrir, causando cerca de 50.000 dólares en daños.
Este y otros actos de vandalismo y robo son parte de una escalada de violencia de los extremistas de derechos de los animales a lo largo de California, informó el 24 de septiembre en New York Times. El 28 de agosto dos bombas explotaron en Chiron, una empresa de biot
ecnología en Emeryville. Dos organizaciones, Revolutionary Cells y Animal Liberation Brigade, reclamaron la autoría de los hechos, citando las conexiones de Chiron con una empresa de Nueva Jersey que utiliza animales en sus pruebas farmacéuticas.
Los datos del FBI muestran que ELF y el Animal Liberation Front han sido responsables de más de 600 actos de terrorismo en Estados Unidos durante los últimos siete años, afirmaba Bonner Cohen, responsable del National Center for Public Policy Research, un lobby de opinión de Washington, D. C. Un análisis sobre ecoterrorismo de Cohen , publicado por este centro, afirmaba que es un error menospreciar estas acciones como mero vandalismo.
Los ataques no se han cobrado todavía ninguna vida. Sin embargo «la voluntad de estos grupos de utilizar los incendios, las armas de fuego y las bombas para entregar su mensaje nos dice a todos lo que necesitamos saber sobre su respeto a la vida y a la propiedad», advertía Cohen. Un mensaje que no reconforta en una país que todavía se recupera del 11 de septiembre.
