LA PAZ, miércoles, 25 febrero 2009 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), ha respaldado al vicario apostólico de Pando, el obispo Luis Morgan Casey, en su condena de las violaciones a las libertades fundamentales cometidas por militares encapuchados que en horas de la madrugada detuvieron a doce personas en el departamento de Pando.
Según informó la prensa, 12 personas fueron apresadas en Cobija (Pando), en la madrugada para llevarlas a La Paz, acusadas de la muerte de 15 simpatizantes del Gobierno durante los enfrentamientos del 11 de septiembre del año pasado.
Las detenciones fueron realizadas por los militares, en plena madrugada, y sin presentar órdenes judiciales. Entre los detenidos hay dos periodistas y autoridades de Porvenir.
Ante estos hechos, la CEB recordó el 18 de febrero que en Bolivia rige «un estado de derecho y normas legales correspondientes» que asegura «los procedimientos más adecuados en la administración de justicia y nada puede justificar los métodos empleados en estos hechos».
En ese sentido, el episcopado pidió al Ministerio Público «precautelar la integridad de los detenidos y garantizar la legalidad en las acciones de investigación y esclarecimiento de responsabilidades».
Los obispos recordaron que «la reconciliación y unidad de los pandinos deben ser fruto de un verdadero diálogo y una correcta administración de justicia y no de medidas de imposición y violencia que generan más enfrentamiento».
El episcopado expresó su solidaridad «con los familiares de las personas detenidas y auguramos que la paz y tranquilidad retornen finalmente a este departamento».
Por su parte, el vicario apostólico de Pando, monseñor Casey, expresó su indignación y protesta por las detenciones y señaló que de acuerdo a los relatos de familiares y medios de comunicación, las detenciones se realizaron con violencia, atropellando las libertades y derechos fundamentales de las personas.
«Las acciones de efectivos militares con el rostro cubierto y fuertemente armados, la hora del operativo, el allanamiento de domicilios, la violencia física contra los detenidos y sus familias y las agresiones a menores inocentes hacen aún más deplorables dichos actos», expresó.
Monseñor Casey recordó que «no rige ningún estado de excepción y que nada puede justificar estos procedimientos», por lo que exigió «respetar la integridad física y psicológica de los detenidos» e informar a las familias y a la opinión pública «el lugar y situación en la que se encuentran».
«La Iglesia Católica denuncia estos actos por considerarlos ofensivos para todo ser humano y para Dios mismo. La dignidad humana es sagrada porque las personas somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza suya», señaló.
