GUATEMALA, 2 abr 2001 (ZENIT.org).- Monseñor Mario Ríos Montt, sucesor del obispo asesinado Juan Gerardi, ha revelado que el gobierno de Guatemala quiso negociar la puesta en libertad de un sacerdote a cambio la exculpación de los miembros del ejército acusados del homicidio.
«En un momento se intentó negociar la libertad del padre (Mario) Orantes a cambio de exculpar al ejército y al Gobierno», dijo monseñor Mario Ríos Montt, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, ante el Tribunal tercero de sentencia.
El obispo, al frente de la oficina que fundó y dirigió Gerardi, dijo que la oferta la recibió poco después de la muerte del obispo por parte de Antonio Arzú, hermano del entonces presidente Alvaro Arzú.
«Me llama la atención que en este caso ni siquiera señala a (más de) tres, cuatro o cinco personas. El problema no está allí, está en la mente de las personas que se consideran intocables y que no son acusadas», dijo en su intervención como testigo en el proceso.
Además del sacerdote, declararon el viernes varios militares que la noche del crimen estaban de servicio en el cercano Estado Mayor Presidencial (EMP), de donde la fiscalía cree que salieron los asesinos del obispo.
El 26 de abril de 1998, monseñor Gerardi fue asesinado a golpes por desconocidos en el estacionamiento de la Casa Parroquial de San Sebastián, situada junto al EMP y la Casa Presidencial.
Dos días antes, el prelado había presentado un informe que responsabiliza al ejército del 90% de los excesos cometidos en 36 años de guerra civil.
Por el crimen enfrentan cargos de ejecución extrajudicial el coronel retirado Disrael Lima Estrada, su hijo Byron Lima, quien estaba al servicio del EMP y el especialista en armas Obdulio Villanueva.
El sacerdote Orantes, asistente de Gerardi, y la cocinera de ambos, Margarita López, también son acusados de participar en el crimen.
Después de una semana de declaraciones, la fiscalía ha reforzado la tesis de crimen político. Disrael Lima, sostiene la Fiscalía, coordinó el crimen de Gerardi desde un comercio cercano, para evitar que este revelara información sobre la guerra que conduciría a la persecución penal del militar.
El juicio, que vuelve a comenzar esta semana, debería durar al menos dos meses más.
