BARCELONA, 21 octubre 2002 (ZENIT.org).- El cardenal Ricard Maria Carles, arzobispo de Barcelona, así como médicos, farmacéuticos y personal sanitario criticaron este sábado al Gobierno español por violar la objeción de conciencia de los profesionales del mundo de la salud.
Al intervenir en las Jornadas sobre Objeción de Conciencia organizadas por Médicos Cristianos de Cataluña en el Hospital General de Cataluña, el purpurado defendió el derecho legal y el deber moral de «decir ‘no’ cuando el Estado o la sociedad le piden una actuación contra su conciencia».
Es decir, aclaró, el derecho a no practicar el aborto, a no vender la píldora del día después, a no facilitar la reproducción asistida y a no utilizar células embrionarias para la investigación.
Médicos Cristianos de Cataluña celebraba la tercera edición de las Jornadas sobre Objeción Ciudadana con la participación, además de Ricard Maria Carles, de Jordi Cervós, rector de honor de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC) y experto en neruociencia, y Fernando Anguita, el farmacéutico que ha interpuesto una demanda contra la Junta de Andalucía por obligar a los farmacéuticos a vender la píldora del día después.
También participan en estas jornadas ginecólogos, médicos, políticos y periodistas, así como representantes de organizaciones como Pro Vida y de la plataforma E-Cristians.
Según ha declarado la directora de la Fundación Pro Vida de Cataluña, Montserrat Rutllant, quien participó en una de las mesas redondas del encuentro (Cf. E-Cristians http://e-cristians.net), el derecho a la objeción de conciencia está en peligro en España en «múltiples sentidos».
«Ignorancia sobre las realidades biológicas del inicio de la vida humana –explica–; reduccionismo, que hace que se valoren sólo unas etapas de la vida humana y no a otras (vejez, minusvalía grave, etapa prenatal …); también banalización del aborto, ignorando el daño físico y psicológico que el aborto provoca a la mujer y que incluye la muerte de su hijo».
Según Ruttlant, «la valoración de toda vida humana como un bien absoluto condiciona la manera de hacer de cualquier profesional responsable y, por tanto, le da derecho a la objeción de conciencia si se presenta la necesidad de hacerlo».
Por su parte, el farmacéutico andaluz Fernando Anguita denuncia también en declaraciones publicadas por E-Cristians que no reconocer el derecho a la libertad de conciencia es acabar con la profesión de las personas afectadas en cada caso.
«La misión del farmacéutico no es sólo la de ser un simple dispensador de medicamentos –aclara–. El farmacéutico, como cualquier otro sanitario, posee una formación y una capacitación específicas que le permiten tomar decisiones y ser responsable».
«Impedir esta capacidad es negarle no sólo su puesto como profesional en el ámbito de la sanidad, sino también un derecho humano básico», afirma.
«La objeción de conciencia es un derecho recogido en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 16.1 –sigue subrayando–. Aunque la objeción de conciencia no está regulada por ninguna ley, cualquier jurisprudencia que habla sobre el tema se basa en este artículo. La objeción de conciencia no entiende ni de ideologías ni de religiones. Es un derecho fundamental de la persona».
