MADRID, viernes 27 de febrero de 2009 (ZENIT.org).- El Gobierno de España prepara, en medio del silencio informativo por su parte, un anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Según el borrador, que no ha llegado al Parlamento, el Ejecutivo multaría con hasta diez mil euros a quien hospede a un inmigrante «sin papeles».
Ante esta noticia, el obispo de Sigüenza-Guadalajara, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones José Sánchez denunció la instrumentalización que se hace de las personas inmigrantes, cuando va bien la economía, para cotizar, cuando va mal, para multarles.
En el anteproyecto de la normativa se tipifica como infracción grave con la máxima sanción «promover la permanencia irregular en España de un extranjero». Las sanciones oscilan entre los 501 y los 10.000 euros, aunque para determinarlas se tendrían en cuenta todas las circunstancias personales y familiares.
El texto, aprobado en Consejo de Ministros, entiende que tal promoción se produce cuando el extranjero «dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del periodo legalmente previsto».
En España, son numerosas las organizaciones con programas para la inserción laboral de extranjeros en situación ilegal, que les ofrecen alojamiento durante su etapa de formación. Este tipo de iniciativas se dirige especialmente a inmigrantes llegados de forma clandestina cuando no habían cumplido 18 años y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota, y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.
La Iglesia, Caritas, la Confederación de Religiosos (Confer) y diversas organizaciones han sido las primeras que han protestado ante la medida.
El obispo de Sigüenza-Guadalajara, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones José Sánchez, criticó «la hipocresía de las políticas de extranjería, porque se basan en defender los intereses de los países europeos».
«Cuando las cosas van bien en nuestra economía, a los inmigrantes se les usa para engordar las arcas de la Seguridad Social y Hacienda, y cuando las cosas se ponen feas, todo son sanciones y castigos. Se levanta la mano cuando los necesitamos y se aprieta el zapato cuando nos sobran», señaló.
El obispo, que fue capellán de emigrantes españoles en Alemania, realizó estas manifestaciones en una entrevista a la revista «Vida Nueva» en su número 2.650. El prelado cree que la Iglesia debe «sensibilizar a la población para que veamos siempre a los inmigrantes como personas y no como portadores de documentos o como sujetos a los que el mercado da una cualificación».
Caritas Española, en una circular enviada a todas las delegaciones diocesanas, muestra su preocupación por «las graves consecuencias que esta legislación tendría para las organizaciones del tercer sector, que serían sancionadas a causa de las personas en situación de ‘sinhogarismo’ empadronadas en los centros».
El reportaje de «Vida Nueva» recoge también la opinión de varios responsables –sacerdotes, religiosos y laicos- que mantienen centros de acogida a inmigrantes extranjeros.
«No nos asustamos, seguiremos ofreciendo hospitalidad a quien lo necesite aunque no tenga papeles, incluso si eso significa llegar a la desobediencia civil», dijo Ana Isabel González, responsable del área de Justicia y Solidaridad de la Confederación Española de Religiosos, ante la anunciada reforma.
La medida, según algunos medios, podría abrir un nuevo frente entre la Iglesia y el Gobierno, dado que la católica es la mayor institución que ofrece hospitalidad a los inmigrantes sin hogar y sin papeles, a través de sus parroquias, asociaciones, movimientos, voluntariados, centros de acogida y organizaciones como Caritas.
La Confer ha enviado a todos sus miembros una relación de textos recientes del Magisterio de la Iglesia que recuerdan la obligación sagrada de prestar hospitalidad a quien más lo necesita.
Ante la noticia, varios sacerdotes, religiosos, profesionales y artistas han constituido la plataforma «Salvemos la Hospitalidad», autora de un manifiesto en el que afirman que «el objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país».
«Se olvida –añade el manifiesto– que ‘toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio’ (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos), y que ‘en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país'».
Por Nieves San Martín
