CIUDAD DEL VATICANO, 6 julio 2003 (ZENIT.org).- Juan Pablo II acogió este domingo con satisfacción la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares.
«Este instrumento legislativo marca un importante paso adelante, pues considera al migrante como una persona unida a su familia», aseguró el pontífice tras rezar la oración mariana del «Angelus» junto a varios miles de peregrinos.
En el informe 2003 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre las Migraciones en el Mundo se estima que 175 millones de personas (es decir el 3 por ciento de la población mundial) viven fuera de su país de nacimiento.
Las causas de la emigración, según explica la institución, son para buscar mejores oportunidades económicas, realizar estudios, o huir de la violencia o de catástrofes naturales.
Reconociendo el alcance de la explotación de que eran objeto muchos trabajadores migrantes y sus familiares, en los años setenta la comunidad internacional inició deliberaciones para tratar de crear una defensa jurídica internacional.
En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, y la abrió para su ratificación y entrada en vigor. Hasta la fecha 22 países han ratificado dicha Convención.
«Mientras expreso profunda complacencia por esta meta jurídica, deseo que una adhesión más amplia de los Estados refuerce su eficacia para que, con la adopción de medidas de este tipo y la constante colaboración internacional, el complejo fenómeno de las migraciones pueda desarrollarse en la legalidad y el respeto de las personas y de las familias», deseó el Papa.
Según un comunicado distribuido por la OIM la convención presenta tres aspectos importantes.
En primer lugar, reconoce que los trabajadores migrantes no son simples unidades económicas sino seres humanos con familias y que cómo tales deben gozar de los derechos humanos básicos.
En segundo lugar, reconoce claramente la realidad de explotación y abuso que cotidianamente experimentan muchos trabajadores migrantes y les brinda protección.
Por último, la Convención exhorta a los Estados a congregarse para afrontar las cuestiones migratorias y esboza las responsabilidades que tienen los países de origen, transito y destino a la hora de proteger a los migrantes y desarrollar sólidas políticas migratorias laborales.
Esto incluye los esfuerzos de los Estados orientados a homogeneizar las legislaciones nacionales pertinentes con las normas internacionales de derechos humanos.
