CASTEL GANDOLFO, 29 julio 2001 (ZENIT.org).- Juan Pablo II recordó este domingo que todos los países del mundo tienen el deber de aplicar el «derecho al asilo» de los refugiados y a brindarles una acogida digna y solidaria.
De este modo, el pontífice recordó el quincuagésimo aniversario de la Convención de Ginebra sobre los refugiados que celebraron las Naciones Unidas el 28 de julio.
«Se trata de un importante acuerdo que sigue siendo la base sobre la que se apoya la protección internacional de los refugiados, al ser ratificado por unos 140 países, incluida la Santa Sede», explicó el Santo Padre.
La intervención pontificia tuvo lugar en la residencia veraniega de los Papas, en Castel Gandolfo, ante varios miles de festivos peregrinos que llenaron a mediodía hasta los topes el patio del sobrio edificio para rezar la oración mariana del «Angelus».
Según el último informe del Servicio de los Jesuitas para los Refugiados (JRS), entregado a Juan Pablo II el pasado 20 de junio de 2001, en el mundo existen en estos momentos 50 millones de refugiados y de emigrantes forzados. Y aunque aumenta su número, está disminuyendo el compromiso de la comunidad internacional. El presupuesto del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) para el año 2002 es de 130 millones de dólares menos que el de inicios del año 2001.
El Papa reconoció en su intervención la labor que esta institución de las Naciones Unidas está realizando en estos momentos para verificar la eficacia de la Convención de Ginebra y su correspondencia con la realidad de hoy.
«Deseo que un esfuerzo tan importante para garantizar un nivel más elevado de protección y de solidaridad permita que quienes lo necesitan puedan gozar del fundamental derecho al asilo», añadió.
«Que la comunidad internacional pueda asimismo espolear a cada uno de los Estados y a sus responsables a promover las políticas necesarias para cumplir cada vez mejor el deber de acoger a los refugiados y hospedarles dignamente», exigió el sucesor de Pedro.
«Que se destierre toda forma de movilidad humana forzada –concluyó–, para que las personas, las familias y los grupos sociales puedan salvaguardar sus propias raíces y su propia identidad. Que los desplazamientos sean libres y se instaure en el mundo un clima de paz, facilitado por el conocimiento y el respeto de los diferentes valores humanos, culturales, y espirituales, que son propios de todo pueblo».
