ROMA, jueves 1 de julio de 2010 (ZENIT.org).- El Tribunal Supremo no ha rechazado la inmunidad a la Santa Sede y el Papa no deberá comparecer ante tribunal alguno: así lo afirma el abogado de la Santa Sede en Estados Unidos, Jeffrey Lena, replicando así a informaciones publicadas al respecto en la prensa estos días.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió hace algunos días no pronunciarse sobre la apelación presentada por la Santa Sede con el fin de bloquear un proceso en curso en Portland, Oregon, en el que está imputado el padre Andrew Ronan, de la Orden de los Hermanos Siervos de María, y en el que se acusa al Vaticano de haber transferido al sacerdote, a pesar de las acusaciones de abusos sexuales.
John Doe, que fue violado por el padre Ronan en los años Sesenta, acusa al Vaticano de negligencia por cómo gestionó el caso del sacerdote procedente de Irlanda y fallecido en 1992, quien a pesar de estar rodeado por constantes denuncias por molestias, fue transferido primero a Chicago y después a Portland.
La Santa Sede había invocado la inmunidad reconocida a los Estados extranjeros soberanos en base a al Foreign Sovereign Immunities Act de 1976, que prevé sin embargo como excepción a los dependientes de un Estado extranjero. La tesis de los abogados de la acusación sostiene, de hecho, que todos los sacerdotes son empleados del Vaticano.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, la causa ha pasado ahora a las manos de la Corte de distrito en Oregon.
Respondiendo a las diversas conjeturas avanzadas por los medios de comunicación, Jeffrey Lena explicó a los micrófonos de Radio Vaticano que “por cuanto respecta al riesgo de que el Vaticano pueda incurrir en bancarrota, esta hipótesis es absolutamente infundada. En primera instancia, se habla aún de jurisdicción: no hay pronunciamientos sobre el hecho de que pueda haber responsabilidad respecto al caso citado. Por tanto, no hay ninguna preocupación en este sentido”.
“Además, incluso si se llegase a hablar de responsabilidad, las leyes sobre indemnizaciones son muy severas, y en este caso no es ni siquiera un argumento en el orden del día”, añadió.
Por otro lado, subrayó, “la Corte Suprema no ha rechazado la inmunidad. Lo que ha hecho la Corte Suprema ha sido establecer que no habría afrontado un problema que nosotros habríamos querido llevar ante ella”.
“Creo que en esta cuestión, desde un punto de vista sustancialmente legal, tendríamos razón – los Estado Unidos nos han dado la razón – pero la Corte Suprema, sencillamente, ha establecido que en el momento actual no está interesada en afrontar el caso. Y el hecho de que ésta no esté interesada en tratar el caso no es un rechazo a la inmunidad y no es una valoración respecto de nuestra postura”.
Jeffrey Lena explicó también que “no hay ninguna ‘luz verde’ a los resarcimientos. Como he dicho, estamos aún discutiendo sobre la competencia jurisdiccional en estos casos y por tanto, sencillamente, no se trata de esto”.
Sobre las noticias difundidas en algunos diarios italianos sobre un posible interrogatorio del Papa o de algún otro exponente vaticano, el abogado de la Santa Sede en Estados Unidos afirmó que “estas noticias están absolutamente privadas de fundamento”.
“No tengo ninguna duda sobre el hecho de que habrá un tentativo en este sentido – explicó –; creo que el abogado de la otra parte está interesado en dar este paso. Pero la ley nos tutela”.
“Es importante en cualquier caso reconocer – subrayó – que el hecho de que la Santa Sede no esté implicada, y el hecho de que el sacerdote en cuestión no pueda ser considerado un empleado de la Santa Sede, no significa en absoluto que la víctima en cuestión no sea realmente víctima. Seguramente ha sufrido como ningún niño debería sufrir, y no hay ninguna duda en este caso de que este hombre haya sufrido abusos por parte de un cura”.
“Pero es también cierto que la responsabilidad por los daños provocados por este sufrimiento, que es justo que se paguen, recae sobre la Orden religiosa que controlaba al sacerdote, que controlaba sus actividades y que le transfirió”, declaró.
“Los querellantes han intentado acusar de fraude, negligencia, conspiración, y nosotros hemos descartado ya todas estas hipótesis de culpabilidad hace mucho tiempo, a pesar de que siguen apareciendo en los titulares de los periódicos”, añadió Lena.
“Así, la causa actual se ha reducido a un solo punto: si el sacerdote en cuestión, Andrew Ronan, era un dependiente de la Santa Sede o no. Ahora, las factores que en general determinan si una persona es un empleado dependiente, comprenden el control diario del pago de esta persona por los servicios realizados, la aseguración de esta persona, el entendimiento entre las partes sobre la naturaleza de la relación laboral y otros elementos, ninguno de los cuales se encuentra verdaderamente en este caso”.
“Se trata – prosiguió – de un sacerdote que antes de los acontecimientos en cuestión era totalmente desconocido de la Santa Sede. El abogado de la parte ofendida sostiene en los periódicos que, desde el momento en que este cura había ido y vuelto de Irlanda, de alguna forma se trataba de una transferencia internacional, y que por tanto la Santa Sede estaba involucrada por fuerza”.
“Esto se basa en una errónea comprensión de cómo operan la Iglesia católica, los Institutos religiosos y sobre otros varios malentendidos – observó –. Por lo que respecta a las pruebas, no existen en este caso y es importante subrayarlo”.
“Las pruebas – concluyó – indican que este sacerdote pertenecía a un Instituto religioso activo en Estados Unidos y en Irlanda que tenía pleno control sobre él y que sabía de quién se trataba, pero que ni la diócesis implicada ni la Santa Sede tenían conocimiento o control alguno sobre él”.
