CIUDAD DEL VATICANO, 3 diciembre 2001 (ZENIT.org).- Juan Pablo II alentó este lunes el ingreso de Polonia en la Unión Europea, pero exigió que se haga sin renunciar a sus tradiciones e identidad nacional.
«Es justo aspirar a que Polonia tenga su debido lugar en los ámbitos políticos y económicos de las estructuras de la Europa unida –dijo–. Es necesario, sin embargo, que esté presente como un estado que tiene su propio rostro espiritual y cultural, su propia tradición histórica inalienable ligada al cristianismo desde los albores de su historia».
El pontífice intervino sobre el debate en torno a la ampliación de la comunidad europea –que tiene lugar en estos momentos tanto dentro de los quince países miembros como entre las naciones candidatas, en su inmensa mayoría ex comunistas–, al recibir las cartas credenciales de la nueva embajadora de Varsovia ante la Santa Sede, Hanna Suchocka.
«Polonia –aseguró el primer Papa hijo de esa nación– no puede privarse de su tradición y de su identidad nacional. Al convertirse en miembro de la Comunidad Europea, la República de Polonia no puede perder ninguno de sus bienes espirituales, que las generaciones de nuestros antepasados defendieron con el precio de la sangre».
«Al defender esos valores –aclaró–, la Iglesia quiere ser un socio y un aliado de quien gobierna nuestro país».
En particular, la Iglesia católica advierte ante el peligro de «una reducción de la visión de Europa que la considera exclusivamente en sus aspectos económicos y políticos, con una relación acrítica con un modelo de vida consumista».
«Si queremos que la nueva unidad de Europa sea duradera –concluyó–, tenemos que construir sobre esos valores espirituales, que en un tiempo estuvieron en su base, teniendo en consideración la riqueza y la diversidad de las culturas y de las tradicones de cada una de las naciones».
El pontífice definió este proyecto como «la grande Comuindad Europea del Espíritu».
La nueva embajadora polaca ante el Vaticano, Hanna Suchocka, es amiga personal de Juan Pablo II. Entre 1992 y 1993 fue presidenta del Consejo de Ministros y entre 1997 y 2000 ministra de Justicia y Procuradora general. Desde 1994, es miembro del Consejo de Presidencia de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales.
