ULAN BATOR / ROMA, martes, 19 enero 2010 (ZENIT.org).- El presidente de Mongolia Tsakhiagiin Elbegdorj ha proclamado la introducción de una moratoria oficial de las ejecuciones y decretado la reducción automática de todas las penas capitales a treinta años de reclusión.
El pasado 14 de enero, con un histórico discurso en el Parlamento, el presidente de Mongolia Tsakhiagiin Elbegdorj, proclamó solemnemente la introducción de una moratoria ioficial de las ejecucioners, decretó la reducción automática de todas las sentencias capitales a treinta años de reclusión, y manifestó abiertamente su intención de alcanzar cuanto antes la abolición total e incondicional de la pena de muerte.
La Comunidad de San Egidio ha expresado en un comunicado su más caluroso aprecio de “una soprendente y valerosa determinación en la voluntad de cancelar de una vez por todas de la legislación de Mongolia la pena capital”.
Tal resolución, según la Comunidad de San Egidio, “no es fruto de una decisión imprevista. Ya hace 19 años, como diputado, Elbegdorj propuso introducir, a nivel constitucional, su completa eliminación del sistema judicial del país centroasiático.
Sin embargo, añade, “el carácter extraordinario de la iniciativa presidencial es un enfoque profundamente humanista de la concepción de la justicia, y una teoría singularmente avanzada del respeto a la vida y de la dignidad humana, que muestra pocos precedentes en el continente asiático”.
Desde que asumió la presidencia de Mongolia, hace siete meses, señala la Comunidad de San Egidio, Elbegdorj no ha firmado intencionadamente ninguna ejecución e indica hoy la necesidad de poner fin a lo que el mismo no duda en llamar la “vergüenza” del régimen penal mongol: el olvido absoluto de los detenidos en las galerías de la muerte, y de sus cuerpos tras la ejecución, ocultados por el más rígido secreto de Estado, sin que sus familias puedan tener un lugar donde poderles llorar.
El jefe del Estado, explicando las razones de su decisión, declara sobre todo que la facultad de conceder gracia, también a quien se ha manchado del peor delito, es un principio al que hay que permanecer fieles porque es garantía y tutela del valor de la vida humana. Se muestra especialmente preocupado por el error judicial y el riesgo de condenar a un inocente. Especialmente en Mongolia, donde se contemplan 59 casos de reatos capitales.
Recuerda que en sólo 16 meses, de 1937 a 1939, 20.474 ciudadanos mongoles –de los cuales 1.228 en un solo proceso- fueron suprimidos, víctimas de las persecuciones del régimen.
“La pena de muerte –afirma el Presidente de Mongolia- degrada la dignidad humana, provoca en las familias de las víctimas y de los condenados heridas, dolor y resentimientos”. Y recuerda que según las antiguas tradiciones de su país, la vida es la mayor riqueza para cada hombre y mujer.
“Lejos de privar de la vida a los propios ciudadanos –declara- por el contrario el Estado debe ejercer el poder de impedir la supresión de un ser humano, allí donde la sociedad civil dejada libre a sí misma no logre garantizar que los hombres no se maten unos a otros”.
Al argumento del respeto de la mayoría de la voluntad del pueblo que fuera favorable al homicidio de Estado, rebate que ninguno de los países que hasta ahora han abolido la pena capital lo haya hecho por presiones “desde abajo”. Y un Estado incapaz de clemencia no puede en su opinión infundir confianza en los propios ciudadanos.
“Pretendo ser un presidente –dice Elbegdorj- que no prive de la vida a sus ciudadanos en cualquier circunstancia en nombre del Estado. El derecho de la vida es absoluto y no puede depender ni siquiera del jefe del Estado”. Y añade: “No existe ningún estudio capaz de probar que la abolición de la pena de muerte aumente la tasa de criminalidad. Está en cambio ampliamente demostrado que manteniéndola se asiste a un incremento de los delitos más graves. Por tanto, la pena capital no es una disuasión contra los delitos”.
La Comunidad de San Egidio afirma compartir “profundamente tales convicciones, sostiene y anima al presidente Elbegdorj en el no fácil itinerario hacia la abolición en su país y saluda un evento de extraordinaria relevancia hacia la afirmación de la vida siempre y de todas formas”.
El trabajo común de la Comunidad de San Egidio con Tamara Chikunova, que ya dirigió la abolición de la pena capital en Uzbekistán, ha sostenido los esfuerzos que en estos años han creado a nivel institucional y de la sociedad civil un cambio decisivo para un mayor respeto de la vida humana y una justicia sin muerte en Mongolia.
El paso dado en Mongolia, afirma la Comunidad, “es un paso importante que señala una vía transitable también para otros gobiernos de Asia, en el año en el que será presentada ante Naciones Unidas la Resolución para una Moratoria Universal en la Asamblea General”.
Por Nieves San Martín
