WASHINGTON, 7 noviembre 2001 (ZENIT.org).- El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha aplaudido la decisión del fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, de hacer más rigurosas las sanciones contra los médicos que prescriben fármacos para ayudar a los pacientes a quitarse la vida.
Monseñor Joseph A. Fiorenza, obispo de Galveston-Houston, afirmó este martes que esta medida «no sólo pone punto final a la involucración del gobierno en el suicidio asistido, sino que además promueve ayudas para aliviar el dolor de pacientes que se encuentran al final de su vida».
Ashcroft, cambiando la política adoptada en 1998 por su predecesora en el cargo, Janet Reno, apoyó la posición de la Dirección de Lucha contra las Drogas (DEA), que argumenta que los médicos que prescriben fármacos para quitar la vida de los pacientes podrían perder sus licencias.
Reno rechazó la posición de la DEA, pero Ashcroft señaló que esta institución había hecho lo correcto.
«He concluido que la interpretación original (de la ley) por parte de la DEA, que señala que las sustancias controladas no pueden ser prescritas para fines de suicidio, es correcta», indicó en un memorando dirigido el 6 de noviembre al administrador de la DEA, Asa Hutchinson.
Ashcroft aclaró, sin embargo, que las sustancias controladas por la ley federal pueden ser prescritas para aliviar el dolor a los pacientes, aunque no en dosis que causen la muerte a consecuencia de los efectos del fármaco.
«El control del dolor, en vez del suicidio asistido, ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como un propósito médico legítimo, justificado la prescripción de sustancias controladas por parte de los médicos», indicó.
«Existen importantes distinciones médicas, éticas y legales entre causar la muerte a un paciente intencionadamente y suministrarle las dosis suficientes del medicamento necesario para eliminar o aliviar el dolor», agrega en el memorando el fiscal general estadounidense.
Ashcroft basó su decisión en un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitido el 14 de mayo, que indicó que no había excepciones en la ley federal sobre las drogas para el uso médico de la marihuana y que esa ley no podía ser dejada sin efecto por las decisiones legislativas de Estados individuales.
