SAN SALVADOR, lunes, 9 noviembre 2009 (ZENIT.org).- La Iglesia Católica en El Salvador se mostró este domingo satisfecha por la decisión del Gobierno del presidente Mauricio Funes de asumir la responsabilidad del Estado por el asesinato del Siervo de Dios Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.
El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, tras celebrar la misa dominical de la catedral, señaló, en una rueda de prensa, que con este gesto culmina el esfuerzo iniciado por el extinto arzobispo Arturo Rivera y Damas, quien demandó al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia de la CIDH celebrada este viernes en Washington, Estados Unidos, una delegación gubernamental pidió disculpas en nombre del Estado por el crimen del obispo Romero y afirmó que hará efectiva la resolución del organismo interamericano dada en abril de 2000, para reparar el daño moral.
Monseñor Rosa Chávez indicó que monseñor Rivera y Damas demandó al Estado por no haber investigado de manera adecuada el crimen de su predecesor que conmovió a la comunidad internacional. Según monseñor Rosa, “de esta manera se reafirmó solemnemente el compromiso de cumplir con lo establecido en la resolución el 13 de abril de 2000, [por eso] vemos con simpatía este gesto de parte del presidente Funes”.
Sin embargo, añadió, “pedimos al Señor que las decisiones que se tomarán en los meses que vienen para llevar a efecto el compromiso asumido contribuyan a la reconciliación de la familia salvadoreña”.
“Esto implica que el martirio del pastor sea tratado con el mismo respeto, dejando a su lado toda intención de manipular su memoria. Se trata de algo sagrado. No podemos tocar a monseñor Romero con las manos sucias”, advirtió monseñor Rosa Chávez. Explicó que para lograr la reconciliación el país necesita del perdón y el olvido, pero también de la verdad, la justicia, el perdón y la reparación.
La resolución de la Comisión Interamericana señala investigar el caso para identificar, juzgar y castigar a todos los responsables del crimen de Romero, así como derogar la amnistía, reparar los daños y otorgar una indemnización.
El director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales, transmitió a la Comisión el compromiso del Gobierno de Funes “de cumplir de buena fe” y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones de este organismo.
Romero fue asesinado cuando celebraba la eucaristía el 24 de marzo de 1980 por agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de monseñor Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Roberto D’Aubuisson, ya fallecido.
Pero la Ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó en la impunidad ese crimen.
En cuanto a una eventual derogación de la Ley de Amnistía de 1993, que impide que sean procesados responsables de abusos de derechos humanos, Morales advirtió que “depende de instancias independientes del Ejecutivo”. “El tema de la amnistía es un tema que carece de la discusión técnica suficiente en El Salvador, aunque ya desde hace nueve años la Sala Constitucional de la Corte Suprema determinó que la amnistía no era aplicable a violaciones de los derechos humanos”. Morales dijo que es necesario abrir “una discusión incluyente sobre cuál es la forma más adecuada de reconciliación, sin discriminación a las víctimas de derechos humanos esta vez”.
La postura de admisión del presidente Mauricio Funes representa un cambio radical en la posición que había mantenido hasta ahora el Estado salvadoreño, que se había negado a aceptar el informe presentado en 2000 por la CIDH. Según ese informe, hubo una “manipulación de la justicia con evidente abuso y desviación de poder”, lo que impidió la sanción de los responsables.
En la CIDH se le dio la bienvenida al cambio de postura oficial salvadoreña y se le pidió al gobierno entregar en 30 días un primer informe de seguimiento de las labores realizadas en el caso de monseñor Romero. El Estado de El Salvador tiene una trayectoria de incumplimiento de las decisiones dictadas por la CIDH. Pese al cambio de actitud anunciado, el gobierno de Funes no ha ofrecido disculpas públicas, como han exigido algunas organizaciones de derechos humanos.
El proceso de canonización del Siervo de Dios Óscar Arnulfo Romero sigue su proceso por martirio en la Congregación para las Causas de los Santos de Roma.
Por Nieves San Martín
