El tráfico de seres humanos, “tremenda ofensa a la dignidad”

El arzobispo Marchetto invita a combatirlo luchando contra la pobreza 

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ROMA, jueves 21 de mayo de 2009 (ZENIT.org).- El tráfico de seres humanos es «una tremenda ofensa a la dignidad humana», consdidera el arzobispo Agostino Marchetto. 

El secretario del Consejo Pontificio de la pastoral para los Emigrantes e Itinerantes ofreció, ayer en Roma, una intervención en la Conferencia de la Asociación Comunidad Papa Juan XXIII, titulada «Con la dignidad no se trata».

El prelado subrayó que este fenómeno es «uno de los más vergonzosos de nuestra época» y constató con cuánta frecuencia «la pobreza y la falta de oportunidades y de cohesión social» llevan a las personas a buscar un futuro mejor a pesar de los riesgos, «haciéndolas extremadamente vulnerables a este tráfico».

Actualmente, varios factores contribuyen a su difusión, según el arzobispo, que citó «la ausencia de normas específicas en algunos países, la ignorancia de sus derechos por parte de las víctimas, la estructura sociocultural y los conflictos armados». 

También destacó las «restricciones actuales que encuentran los emigrantes para acceder legalmente a los países desarrollados».  

El dicasterio del que es secretario, recordó monseñor Marchetto, tiene entre sus objetivos vigilar la cuestión de las víctimas del tráfico de seres humanos, que considera «una de las categorías de esclavos de los tiempos modernos»

Un problema de difícil solución

Monseñor Marchetto reconoció que «no existen soluciones fáciles» y afirmó que «afrontar estos particulares abusos de los derechos humanos requiere una aproximación coherente e integral». 

Se deben considerar «no sólo los intereses de las víctimas sino también el justo castigo para los que se benefician de esa actividad y la introducción de medidas preventivas, en primer lugar para aumentar la concienciación y la sensibilidad y también para afrontar las causas de este fenómeno», opinó. 

Para el prelado, ese enfoque también debe promover la integración de las víctimas en la sociedad que las acoge, «en particular de cuantos colaboran con la autoridad contra los traficantes». 

Esta promoción incluye asistencia sanitaria y atención psicosocial, soluciones para la vivienda, permisos de residencia y posibilidades de empleo». 

Al mismo tiempo, el obispo pidió tener en cuenta «el retorno a los países de origen, que puede acompañarse con la propuesta de microcréditos y/o de préstamos, asegurando así que las víctimas no vuelvan al mismo entorno peligroso sin recursos». 

El prelado también propuso la introducción de «medidas para la creación de sistemas de indemnización que pueden financiarse con las ganancias y bienes confiscados a los traficantes, obtenidos con la actividad criminal».

Un fenómeno polifacético

El tráfico de seres humanos, recordó, es un «problema pluridimensional, a menudo ligado a la inmigración, que va más allá de la industria del sexo e incluye también trabajos forzosos de hombres, mujeres y niños en varios sectores industriales, entre ellos la construcción, la restauración y la hotelería, la agricultura y el servicio doméstico. 

«Si bien una parte del trabajo forzoso está ligado a la discriminación y a la pobreza, a las costumbres locales, a la falta de tierras y al analfabetismo de la víctima, otra parte está relacionada con el trabajo flexible y barato, que a menudo facilita los bajos precios al consumo, lo cual lo hace atractivo para los empleadores». 

El prelado denunció que la comunidad internacional adoptó en el año 2000 un Protocolo para prevenir, reprimir y castigar el tráfico de seres humanos, sobre todo de mujeres y niños, cuya aplicación ha sido muy variada en cada nación. 

Aunque muchos países consienten a las víctimas de explotación sexual consecuente del tráfico de seres humanos permanecer el periodo necesario para llevar a cabo investigaciones contra los traficantes, una vez terminados los procesos judiciales en general son repatriadas «con o sin un correspondiente «paquete» de apoyo», denunció. 

Y añadió: «Sólo en pocos países existen medidas para garantizar la protección de estas víctimas, ofreciéndoles la posibilidad de permanecer en la sociedad que las acoge y de integrarse, al menos bajo ciertas condiciones». 

[De Roberta Sciamplicotti, traducción del italiano por Patricia Navas]

 

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ZENIT Staff

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