CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 22 octubre 2004 (ZENIT.org).- En el Consejo de Europa, la promoción del derecho a la salud sexual y reproductiva esconde intenciones «contrarias al reconocimiento del derecho a la vida» y sostienen la difusión de contraceptivos y del aborto.
Así lo denuncia el obispo Elio Sgreccia, vicepresidente de la Academia Pontificia para la Vida, en un artículo publicado en el diario oficioso del Vaticano, «L’Osservatore Romano» (14 octubre 2004) bajo el título «Votación preocupante en la Asamblea General del Consejo de Europa».
En el texto, el prelado analiza dos documentos votados en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el pasado 5 de octubre: la Resolucion n. 1399 (2004) y la Recomendación n. 1675 (2004) .
Los documentos que tratan sobre la «Estrategia europea para la promoción de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos» son signo de una mentalidad y de un programa que, a partir de la Conferencia Mundial de El Cairo y de Pekín, y sobre todo desde los «programas de acción» derivados de las mismas, insisten cada vez más en la «liberalización», afirma el prelado.
Según los resultados de las votaciones, monseñor Sgreccia revela que «de un total de 313 integrantes de la Asamblea Parlamentaria, estaban presentes durante el voto final 62 parlamentarios que se expresaron así: 45 favorables a la Resolución, 12 contrarios y 5 abstenciones».
Mientras que «por lo que se refiere a la Recomendación, con 61 presentes, hubo 48 a favor, 11 en contra y 2 abstenciones». De este modo, según el reglamento de la Asamblea, explica el prelado, se decreta la validez del voto, a pesar de la gran cantidad de ausencias.
Los dos documentos, afirma monseñor Sgreccia, merecen una crítica a fondo porque «se proponen imponer una cultura y una línea legislativa contrarias al verdadero significado de los derechos humanos e incluso contrarias al reconocimiento del derecho a la vida».
En los primeros dos artículos de la Resolución, se afirma que el derecho a la protección de la salud, mencionado en la Carta Europea, implica también el derecho a la salud sexual y reproductiva.
El artículo 2, en especial, explica el prelado, deduce que «el derecho a la salud sexual y reproductiva implica la facultad de establecer una relación completa, satisfactoria y segura, libre de coerciones y violencias y sin que haya que temer enfermedades de transmisión sexual, incluidos el sida o los embarazos no deseados. A los individuos y las parejas se les debería facilitar la regulación de su fecundidad sin consecuencias negativas y peligrosas».
En esta descripción –añade–, aparte de la referencia a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, no figuran aquellos elementos y aspectos atribuibles a la «salud reproductiva» que sirven para evitar hábitos de vida equivocados para la salvaguardia de la fertilidad, «mientras se explicitan instancias que no tienen nada que ver con la salud, sino que implican, entre otras cosas, el aborto».
En el «intento de liberar la sexualidad de toda preocupación y temor»”, lo que se propone es una terminología ya presentada en la Conferencia de El Cairo de 1994.
La expresión «regular la fertilidad», «comprende, además de la contracepción, el aborto (regulación antes y después de la relación sexual)», para excluir las «consecuencias negativas o peligrosas» del acto sexual se comprende el recurso al llamado «aborto seguro», «que sería el aborto legalizado pedido como remedio al aborto clandestino que podría resultar peligroso», explica monseñor Sgreccia.
El prelado comenta que esta propuestas no tienen nada que ver con la salud, «sino más bien exaltan el hedonismo, que a menudo es causa de comportamientos de riesgo y, peor aún, insinúan el derecho al aborto» como «exigencia interna al derecho a la protección de la salud reconocido por la Carta Europea de Derechos Sociales».
En la Recomendación, en el número II, se exhorta en cambio «a crear una estrategia europea global para la promoción de la salud y de los derechos relativos a sexualidad y procreación».
«Si tal exhortación tuviera claramente la finalidad de responder a urgencias reales y a metas deseables en tema de salud en general referidos a la prevención de las causas de infertilidad, a la prevención de las infecciones, al cuidado de la salud de la madre y del niño concebido, como ciertos Estados han hecho y hacen, no tendríamos nada que decir», comenta.
«Pero mezclar algunas de estas instancias con cosas en las que no falta la ambigüedad y la negatividad moral, como la difusión de todo tipo de contracepción (incluidos los de intercepción y de contragestación) y el mismo aborto, para promover todo a nivel de derechos humanos, resulta una maniobra que hay que denunciar explícitamente», añade.
Según anunció el 14 de octubre Van Den Broek, representante de la Comisión Europea en la Asamblea General de Naciones Unidas, la Unión Europea hará este año un donativo de 75 millones de dólares al UNFPA, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, que se destinará a los países en vías de desarrollo (Cfr. www.un.org).
«El UNFPA –se lee en el sitio de esta misma organización– ha estimado que la suma será necesaria para salir al encuentro de las peticiones de suministros, para 2005, de 49 países en vías de desarrollo que dependen de la ayuda exterior para contraceptivos y preservativos contra el VIH».
Monseñor Sgreccia observa que debates como el que ha tenido lugar en el Consejo de Europa sirven para evitar hablar de «derecho a la vida»”, haciendo desaparecer los términos «maternidad, paternidad, familia y matrimonio», así como la referencia «a las responsabilidades de los comportamientos en el ámbito de la sexualidad».
Se está asistiendo a una «metamorfosis y un vuelco del concepto de derechos humanos», donde los derechos no son ya una prerrogativa de los seres humanos sino «el fruto de la “exigencia”, de la elección o de los intereses de bienestar de los adultos».
Haciendo un llamamiento a despejar el campo del debate sobre los derechos humanos «de la contaminación del subjetivismo, del eugenismo y del contractualismo», el prelado subraya la urgencia de una toma de posición de los católicos y de quien se preocupa por el primado de los derechos fundamentales de la persona, porque las dilaciones de hoy «podrían ser pagadas mañana a un precio elevado».
