YAKARTA, miércoles, 12 abril 2006 (ZENIT.org).- El cardenal Julius Riyadi Darmaatmadja –arzobispo de Yakarta y presidente de la Conferencia Episcopal de Indonesia— ha unido su voz a la de líderes religiosos y autoridades políticas que piden la cancelación de la pena capital para los tres católicos de Poso.
Poso (en las islas Sulawesi, Indonesia) fue escenario de 1998 a 2001 de sangrientos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes que costaron la vida a más de dos mil personas.
En ese contexto, en 2000 se produjo la masacre de cientos de musulmanes, de lo que fueron acusados los católicos Fabianus Tibo (60 años), Dominggus da Silva (42 años) y Marinus Riwu (48 años). Arrestados ese mismo año, en 2001 el tribunal regional de Palu les condenó a muerte. Hasta el momento, ningún musulmán ha sido procesado por aquellos hechos.
La agencia del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME) «Asianews» se ha hecho eco de que el proceso contra los detenidos estuvo marcado por intimidaciones a gran escala de extremistas islámicos y los jueces no han prestado atención a los testigos de la defensa, que exculpan a los tres católicos.
El martes difundió declaraciones del presidente del episcopado indonesio; el purpurado considera que salvar a los tres condenados es una acción «inestimable» para la promoción de una convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes en Poso. En la región la proporción de fieles de ambos credos es semejante.
Son también de la opinión del cardenal Darmaatmadja representantes de las Iglesias indonesias del Sínodo y de la Asociación budista Bikkhu Dharmavimala. «Si son ejecutados, se podría reencender la mecha del odio interreligioso», temen varios líderes, según cita «Asianews».
Especializada en el contexto asiático, la agencia apunta que aumentan las voces que piden que el presidente Susilo Bambang Yudhoyono aclare las «rígidas» posturas del fiscal general y los «verdaderos motivos» de esta condena.
En efecto, Abdul Rahman Saleh, junto a la Corte Suprema, ha negado la revisión del caso, solicitada por la defensa, y ha dispuesto la ejecución inminente. El fiscal no ha querido tener en cuenta las revelaciones de Tibo sobre dieciséis personas implicadas en la violencia del año 2000 ni la presencia de nuevos testigos que exculpan a los tres católicos.
El presidente indonesio «es la última esperanza de salvación para Tibo y sus compañeros. Tiene en su mano la segunda petición de gracia presentada por los familiares de los condenados», pero «aún no se ha pronunciado al respecto», explicó el martes «Asianews».
Respecto al conflicto de Poso y de las Molucas, un miembro del Padma –grupo interreligioso de abogados que representa a los tres católicos– señala que el gobierno podría no tener intención de arrojar luz porque habrían jugado un «papel sucio» algunos ex oficiales de policía y del ejército. El abogado Harri Hutabarat recuerda que el actual presidente ya fue «reacio» a aclarar aquellos hechos mientras era ministro de Seguridad y Asuntos Políticos entre 1998 y 2001. «No hay que sorprenderse de que no lo haga ahora que es Jefe de Estado», apunta.
Contra todo pronóstico, el jefe de la policía de Sulawesi central, el brigadier general Oegroseno, ha anunciado que pedirá a la Oficina del fiscal general que cancele la ejecución de los tres católicos, informa este miércoles «Asianews».
Motiva la petición la intención de la policía de interrogar a Tibo y a otros diez presuntos instigadores de las violencias en Poso.
Entretanto en el país se hacen cada vez más fuertes las protestas para salvar a los tres católicos, considerados víctimas de un complot.
