ROMA, miércoles 18 de noviembre de 2009 (ZENIT.org).- En Pakistán, no todos los ciudadanos son iguales, denunció un obispo de Pakistán en la Cámara de los Diputados de Italia.
«Sin igualdad en los hechos no hay verdadera libertad religiosa», afirmó monseñor Joseph Coutts, obispo de Faisalabad, en una rueda de prensa concedida este martes en la sala más solemne de ese hemiciclo por iniciativa de la asociación «Salva los monasterios».
Pakistán es oficialmente un República islámica, con 170 millones de habitantes. Los cristianos de las diferentes confesiones son 3 millones, es decir, representan el 2% de la población.
«La Constitución –explicó monseñor Coutts– asegura la libertad de culto y los derechos civiles, pero los que no son musulmanes son de hecho ciudadanos de segunda clase, con duras discriminaciones en el acceso al trabajo, pues la religión aparece en los documentos y los empleados la tienen en cuenta al contratar al personal».
Algunos partidos políticos hacen presión desde hace tiempo para que el Estado adopte la ley islámica. Si bien la legislación se basa en el planteamiento legislativo introducido durante el colonialismo británico, sobre todo en los años ochenta se han ido introduciendo leyes de contenido religioso islámico.
Una de ellas, la más polémica, según monseñor Coutts, es la ley 295. Consta de tres párrafos. El primero prohíbe pronunciarse contra una religión de otro grupo, o contra sus ministros o lugares de culto. El segundo, condena a cadena perpetua a quien profana el Corán. El tercero, prevé la pena de muerte para quien insulte al profeta Mahoma de cualquier forma, directa o indirectamente, con palabras, escritos o representaciones.
El problema está en que este tercer párrafo se presta a cualquier tipo de abuso, pues es fácil utilizarlo contra alguien, dado que la acusación se basa en testimonios orales de testigos y sus interpretaciones. Lo peor es que, una vez que se lanza esta acusación contra una persona, con frecuencia «la masas se alzan enfurecidas contra el acusado antes de que se establezca si tiene fundamento».
Muchas personas han sido asesinadas en estos tumultos sin que nunca se hayan aclarado bien los hechos, revela el prelado «Hasta hoy, no se han dado ejecuciones capitales a causa de la ley 295, pero algo menos de 900 personas están en la cárcel por blasfemia, 500 son musulmanes».
En los últimos tiempos, según el prelado, la interpretación de esta ley ha provocado un aumento de la intolerancia. «Hace dos meses, la turba enfurecida atacó una aldea cristiana y mataron a ocho personas sólo porque alguien fue acusado por la gente de haber profanado el Corán. Es la quinta vez que se verifican estos episodios desde 1983».
En una conversación con ZENIT al final del encuentro en la Cámara de los Diputados, monseñor Coutts explicó que tiene esperanza de que esta ley pueda ser abolida.
«Con la ayuda de los musulmanes que se dan cuenta de las graves implicaciones para la libertad de esta ley, consideramos que podemos modificarla», confiesa.
«El peligro procede de los grupos fundamentalistas y no se puede decir ni mucho menos que todos los musulmanes estén dispuestos a atacar a los cristianos», asegura.
En Faisalabad, por ejemplo, explicó, se ha creado una comisión de imanes y responsables de comunidades cristianas que se reúnen para afrontar los problemas.
Hemos constatado que «lo que hace falta no es tanto el diálogo teológico, que necesariamente es muy limitado, sino un diálogo de vida sobre los temas sociales sobre los que podemos trabajar juntos».
De hecho, concluye, aunque la presencia de los católicos es muy reducida, no es «oculta» ni «callada»;su influencia social es muy superior, pues están comprometidos en la dirección de reconocidas escuelas y centros de acogida para discapacitados, toxicómanos…
Por Chiara Santomiero, con entrevista de Jesús Colina
