BRASÍLIA, jueves, 28 septiembre 2006 (ZENIT.org).- La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en portugués) «lamenta profundamente» las presiones sufridas por la archidiócesis de Río de Janeiro en el ámbito de la campaña electoral en ese Estado.
En una nota difundida este jueves, el organismo episcopal «repudia el recorte a la libre expresión de la opinión de los ciudadanos y la intromisión en el campo propio de la Iglesia».
El texto de la nota episcopal está firmado por el cardenal Geraldo Majella Agnelo, presidente de la CNBB, por monseñor Antônio Celso de Queirós, vicepresidente, y por monseñor Odilo Pedro Scherer, secretario general.
El arzobispo de Río de Janeiro, el cardenal Eusébio Scheid, y el obispo auxiliar, monseñor Dimas Lara Barbosa, recibieron una notificación el pasado martes de parte del Tribunal Regional Electoral (TRE) con el que se exigía que el clero se abstenga «de todo comentario o referencia político-ideológica».
En el mismo día, el Colegio del mismo tribunal decidió eliminar la notificación.
La orden judicial había sido emitida en el contexto de una instancia presentada al Tribunal por la Coalición «Un Río para todos» (compuesta por el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialista Brasileño, y el Partido Comunista de Brasil), integrada por la diputada Jandira Feghali, relatora del Proyecto de Ley 1.135/91, que legaliza el aborto en Brasil durante los nueve meses de embarazo.
La instancia presentada por la Coalición de la diputada Feghali, que se presenta como candidata a un puesto en el Senado por el Estado de Río de Janeiro, acusaba a la Iglesia de distribuir un opúsculo ofensivo contra ella.
En aplicación del Mandato de Búsqueda y Confiscación, los funcionarios de Justicia y el abogado de la Coalición penetraron en todas las dependencias de la sede de la archidiócesis, incluida la oficina del cardenal y de los obispos auxiliares. No se ha encontrado ningún tipo de material con las características que se buscaba.
En su nota, la CNBB «reafirma el derecho de los ciudadanos y electores a conocer el pensamiento y la posición de los candidatos políticos sobre cuestiones fundamentales, como la defensa de la vida y la dignidad de la persona, para que pueda tener lugar un ejercicio libre y autónomo del voto ciudadano».
