Ofrecemos un comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala relativo a algunos puntos de la agenda de la Organización de Estados Americanos, que celebra su 43 Asamblea General en Guatemala.
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La 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se está desarrollando en Antigua Guatemala del 4 al 7 de junio tiene como punto central de su agenda la discusión de un nuevo enfoque en el combate al consumo y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, con ocasión de esta discusión principal, se presentan para la aprobación de los delegados participantes en la Asamblea una serie de resoluciones que tienen que ver con la ética personal y pública, sobre las que tenemos la obligación de pronunciarnos tanto en nuestra condición de ciudadanos como en nuestra condición de obispos de la Iglesia católica.
Por lo que se refiere al asunto de las drogas es urgente y necesario que los gobiernos tomen las medidas necesarias para reducir la criminalidad y la pérdida de vidas humanas vinculada al tráfico de drogas. El comercio legal de drogas de cualquier especie requiere acuerdos de los gobiernos regionales con el fin de alcanzar políticas comunes. Pero como obispos sabemos también que este asunto tiene implicaciones éticas y morales relacionadas con la producción, el comercio, la distribución y el consumo. Es necesario que todos los integrantes de la sociedad se apliquen con verdadero empeño en la formación moral de los ciudadanos para suprimir el consumo, pues allí está el incentivo para la producción y el comercio de drogas.
Por otra parte, la Asamblea también tiene en agenda aprobar resoluciones que favorecen la práctica del aborto. La Conferencia Episcopal de Guatemala, en comunión con los Episcopados de América, manifiesta su preocupación acerca de los esfuerzos para promover la legalización y el acceso al aborto. Urgimos al Gobierno de Guatemala a rechazar las recomendaciones de los expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que piden la legalización y el acceso a la interrupción del embarazo. Estas recomendaciones, que figuran en el Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará son una violación a la Constitución de Guatemala.
No solo eso. El aborto es una violación al derecho natural a la vida del no nacido. La amplia práctica de una conducta, sea el aborto, el asesinato o el robo no justifica que se dicten normas para que la práctica sea más fácil o segura ni la hace éticamente aceptable. El aborto es un delito contra la dignidad y la vida de una persona humana en un estado de total inocencia, indefensión y dependencia. La maldad del aborto no se sustenta en credo religioso alguno sino en el derecho inherente de toda persona a la vida, incluso antes de nacer. Proponer que existe un derecho de la mujer embarazada (cualquiera que sea la causa del embarazo) a interrumpir el embarazo por encima del derecho del no-nacido a la vida socava el principio que dice que el principal derecho humano es el derecho a la vida.
También tenemos conocimiento que se presentará a la Asamblea una resolución en contra la violencia ejercida contra las comunidades de personas lesbianas, homosexuales, y con otras variantes de conducta sexual. Las personas con diversidad de orientaciones sexuales son sujeto de derecho y gozan de dignidad humana, una dignidad que permanece por encima de su orientación sexual. Tienen derecho a la protección contra cualquier tipo de violencia.
Pero igualmente afirmamos que la dignidad de las personas no se defiende por medio de la aprobación y legalización de las variadas formas de conducta en materia sexual o en cualquier otro campo que las personas puedan tener. La dignidad inherente de las personas no transforma en derecho humano cualquier tipo de conducta que las personas mantengan, sean en el ámbito de la sexualidad humana o en cualquier otro campo de la conducta y quehacer humano. Por otra parte, aunque la conducta de las personas homosexuales no es coherente con su propia dignidad personal, eso no da derecho a nadie para utilizar la violencia contra ellas. Pero por esa misma razón no se puede impulsar y legalizar una conducta que socava la dignidad de las personas.
Por eso, la Conferencia Episcopal pide también al Gobierno de Guatemala y a los demás Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que rechacen las resoluciones para promover la homosexualidad en el proyecto de «Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia» y la resolución sobre «Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género.»
La dignidad de las personas se defiende y se fortalece cuando la conducta humana se atiene a un código ético que deriva de la naturaleza de la persona y de las cosas. La sexualidad humana está naturalmente orientada a la complementariedad entre el hombre y la mujer y por lo tanto la única expresión sexual coherente con la dignidad de las personas es la que se da entre un hombre y una mujer. Por lo demás estas formas de conducta son ajenas a las que la tradición cultural de nuestro pueblo ha sostenido en materia sexual.
Guatemala de la Asunción, 5 de junio de 2013.
